40 años de la diáspora armerita

Este año se cumplen 40 años de la tragedia de Armero. 40 años desde que un municipio con más de 28 mil habitantes -según el censo de 1985- fue arrasado por completo con ocasión de la erupción volcánica del Nevado del Ruiz. La avenida torrencial bajó por el cañón del río Lagunilla por casi 2 horas hasta llegar al valle en el que se encontraba mi pueblo natal, y se explayó causando más de 23 mil pérdidas humanas.

A partir de entonces, se dio la diáspora armerita, como la llamo yo. Los pocos sobrevinientes, nos asentamos en ciudades como Ibagué, Soacha, Lérida y algunos pocos en el antiguo corregimiento de Guayabal, adonde se trasladó, por ordenanza departamental, la cabecera urbana de Armero. Sin embargo, el Estado no tuvo un plan para reconstruir Armero como sí ha ocurrido en la historia más reciente del país (Armenia y Gramalote, por ejemplo). El gobierno entregó unas pocas casas, que es diferente a reconstruir un pueblo, una identidad. Para ello se requería del desarrollo de infraestructura vial y social, y especialmente de oportunidades para generar empleo y actividades productivas que ayudaran a salir -física y mentalmente- del lodo en el que quedamos enterrados los armeritas.

El Estado falló al no evitar la tragedia humana -no la erupción, la cual era imposible- y adicionalmente ha seguido fallando al culpar a los armeritas de lo ocurrido, causando nuevamente su revictimización. El Consejo de Estado, por ejemplo, en una sentencia de 1994, no solo negó las pretensiones por falla del servicio al considerar que era imposible saber cuándo sería la erupción volcánica, sino que adicionalmente condenó en costas al accionante. La Asamblea del Tolima, a su vez, haciendo caso omiso a los más elementales principios que se desprenden de la posición de garante que tiene el Estado, -entre otros, el de evitar la causación del resultado- señaló en ordenanza que: “saben los Armeritas que quedaría expuesta la nueva cabecera a desaparecer en caso de erupción, pero han manifestado estar dispuestos a correr su propia por suerte antes que abandonar lo que les ha sido tan caro: El amor por su tierra Natal”.

El Gobierno Nacional, por su parte ha fallado por omisión al no haber dado cumplimiento a la Ley 1362 de 2013 por medio de la cual se rinde honores a la desaparecida ciudad de Armero y a sus víctimas. Salvo los esfuerzos del MINCULTURA y del SNR en el avance del registro de predios, la actividad estatal ha sido casi nula en el objetivo primordial que es revindicar la memoria y la identidad del pueblo armerita.

La mencionada Ley impone, entre otras cosas, acciones de restitución jurídica de los terrenos urbanos y la promoción de programas de apoyo técnico y financiero para asistencia técnica, capital de trabajo y activos fijos, que conduzcan al desarrollo de la región. Todo lo anterior ha brillado por su ausencia, impidiendo que los armeritas volvamos a nuestro pueblo para tener el derecho a la identidad y a sentir el arraigo de pertenecer a un lugar.

La tragedia, entonces, se perpetúa hasta nuestros días. Que esta conmemoración de los 40 años sea la oportunidad para que el Estado pague una deuda histórica y promueva el retorno de los armeritas a través de proyectos productivos que reactiven la zona con infraestructura, y no con un parque en una zona de riesgo no mitigable. Esta será la única manera de cumplir con los principios de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN para los pocos armeritas que aún seguimos vivos, los cuales luego de 40 años siguen siendo vulnerados.