Certificaciones en el SGP en agua potable y saneamiento básico

¿Cuáles son los objetivos del SGP para el sector de Apsb?
Ante el déficit existente en los índices de prestación en el país (calidad y cobertura), así como ante la necesidad de focalizar recursos en la población más pobre y de lograr alcanzar eficiencia fiscal y administrativa en el sector, los recursos del SGP asignados para Apsb, tienen como propósito mejorar la correlación entre la asignación per cápita y las coberturas. Adicionalmente, que los recursos municipales comprometidos se utilicen  para el pago de subsidios, que se logre una efectiva expansión de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, y que en general, se logre el cumplimiento del régimen de los servicios públicos en los entes territoriales.

¿Cómo se garantiza que los municipios inviertan adecuadamente los recursos de SGP para Apsb?
En virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 4, de la Ley 1176 de 2007, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Sspd) es la entidad encargada de certificar anualmente el cumplimiento de los distritos y municipios de los requisitos establecidos en el artículo 6 y siguientes, del Decreto 1484 de 2014 (que reglamentó la Ley 1176 de 2007). Aquellos entes territoriales que logran certificar su cumplimiento, pueden administrar los recursos que les sean asignados del SGP para Apsb, haciendo nuevos compromisos con cargo a los mismos, mientras que aquellos que no logren certificarse no podrán hacerlo, evento en el cual, dichos recursos serán administrados por el respectivo departamento (con excepción del Distrito Capital de Bogotá), quien además asumirá la competencia de asegurar la prestación los servicios comprometidos en la zona urbana y rural del respectivo ente territorial.

¿Cuál ha sido la experiencia obtenida desde la implementación del mecanismo de certificaciones en materia de SGP para Apsb?
Desde la implementación de esta política, el gobierno nacional ha dado diferentes salvavidas a los distritos y municipios (como la posibilidad de suscribir acuerdos de mejoramiento), así como ha permitido el cumplimiento de requisitos formales tan simples, que realmente el proceso no sirve para verificar que aquellos estén administrando bien los recursos involucrados. En la práctica, el proceso de certificaciones se ha vuelto engorroso y podría estar tomando tiempo y recursos de la Sspd, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de los entes territoriales, sin lograr el impacto real pretendido. Por lo demás, no hay evidencia de que, en el caso de entes territoriales descertificados, los departamentos hayan administrado de mejor forma los recursos comprometidos, así que puede estar pasando que el remedio sea peor que la enfermedad. Así, se requiere repensar el proceso de certificaciones, para que realmente logre medir el desempeño de los entes territoriales y, lo más importante, impacte los indicadores en materia de Apsb.