Las dificultades en el acceso al PrEP para prevenir el VIH en Colombia

La Profilaxis Pre-Exposición, o más conocido como PrEP, es un medicamento que reduce las probabilidades de adquirir VIH hasta en un 99 %, por lo tanto, ha sido el tratamiento por excelencia para la prevención de esta enfermedad a nivel mundial.

En Colombia, gracias a las Resoluciones 2291 de 2021 y 2366 de 2023, los medicamentos utilizados para la profilaxis preexposición (PrEP), como el Tenofovir Disoproxil Fumarato (TDF) y el Tenofovir Alafenamida (TAF), hacen parte de los fármacos financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esto significa que su costo está cubierto con los recursos que el Gobierno gira a las EPS para la atención de sus afiliados.

Lo anterior implica que el acceso a este medicamento, y más aún cuando se trata de poblaciones en alto riesgo de contagio, se relaciona directamente con el derecho fundamental a la salud, reconocido por el artículo 49 de la Constitución y protegido ampliamente por la Corte Constitucional en sentencias como la T-760 del 2008, donde se reconoce que la negativa injustificada en la entrega de medicamentos constituye una barrera que vulnera el goce efectivo de este derecho.

No obstante, quienes solicitan el PrEP ante su EPS suelen encontrarse con una negativa que puede ir desde el simple desconocimiento del médico sobre el tratamiento, hasta barreras administrativas que impiden el acceso, e incluso expresiones de discriminación y homofobia. Estas prácticas, además de vulnerar la dignidad de los usuarios, se convierten en obstáculos que niegan en la práctica un derecho que ya está reconocido en la normativa y financiado por el sistema de salud.

Es por ello que resulta fundamental responder a las preguntas sobre las condiciones para acceder al tratamiento, aclarando quiénes pueden solicitarlo, ante qué entidad debe hacerse el trámite y cuáles son las alternativas ante la negativa injustificada por parte de las EPS.

¿Quiénes pueden solicitar acceso al PrEP?

Según el Lineamiento para la Implementación de la PrEP en Colombia del Ministerio de Salud se establece que este tratamiento está dirigido a personas que, por sus prácticas o condiciones de vida, tienen un mayor riesgo de adquirir VIH. Entre ellas se encuentran las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, trabajadoras y trabajadores sexuales, parejas serodiscordantes, es decir, cuando uno de los miembros tiene un diagnóstico positivo y el otro no, y quienes usan drogas inyectables.

Sin embargo, esta definición no es cerrada y cualquier persona con prácticas sexuales de alto riesgo, como relaciones sin preservativo con múltiples parejas, o con antecedentes recientes de infecciones de transmisión sexual, también puede acceder al medicamento.

¿Cómo solicitar el PrEP?

Tener en cuenta el procedimiento es importante para identificar posibles barreras administrativas. El mismo Lineamiento del Ministerio de Salud indica que el interesado debe acudir a su EPS y manifestar su intención de iniciar el tratamiento en una cita con su médico tratante, quién evaluará el nivel de riesgo y le solicitará la realización de una prueba de VIH para confirmar que la persona no esté infectada, además de la realización de otros exámenes y la remisión a distintos especialistas para descartar posibles contraindicaciones.

Una vez dicho proceso culmine, el medico formulará el medicamento, y a partir de ese momento la EPS tendrá la obligación de adelantar sin dilaciones la autorización y entrega del mismo. Claramente con esto no acaba el proceso, pues el Lineamiento también establece que la entrega debe ir acompañada de controles periódicos y seguimiento médico.

¿Qué hacer si la EPS niega el tratamiento?

Cualquier negativa, retraso o barrera administrativa constituye una vulneración del derecho fundamental a la salud, y puede ser objeto de un derecho de petición ante la EPS, una queja ante la Superintendencia Nacional de Salud y si persiste el problema en estos dos escenarios, puede ser susceptible de una Acción de Tutela.

En conclusión, el acceso al PrEP en Colombia es una problemática cuyas implicaciones van más allá de lo jurídico o administrativo, pues se trata de un asunto de salud pública que pone en juego el derecho fundamental a la salud, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables y en riesgo de contagio. El conocimiento sobre su regulación y las alternativas para garantizar su acceso constituyen una herramienta fundamental en la lucha contra el VIH.