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Andrea Londoño Agudelo miércoles, 4 de diciembre de 2019

El pasado 8 de noviembre de 2019, se expidió el Documento Conpes No. 3975, contentivo de la “Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial”. Mediante dicho documento, el Gobierno Nacional pretende establecer las directrices encaminadas a generar valor social y económico en el país, por intermedio del uso de las tecnologías digitales, características de la “Cuarta Revolución Industrial”.

El documento mencionando parte de reconocer la imperiosa necesidad de definir una política pública, clara y comprehensiva, que garantice que Colombia aproveche las ventajas que implican las nuevas tecnologías, y que impida que se continúen generando importantes y significativos costos sociales y económicos para el país por la falta de definición regulatoria de los referidos asuntos.

Para efectos de lo anterior, el citado Conpes se fundamentó en cuatro pilares fundamentales, a saber: (i) disminución de todas aquellas barreras que impiden la incorporación de las tecnologías digitales; (ii) creación de las condiciones habilitantes adecuadas para que tenga lugar una innovación digital creadora de valor; (iii) fortalecimiento de las capacidades humanas requeridas para viabilizar la referida transformación digital a través de la formación de las habilidades necesarias para hacer frente a los desafíos que exige el panorama actual y; (iv) desarrollo de condiciones que nos preparen para los cambios que supone la Inteligencia Artificial, como una tecnología que tiene la calidad de acelerador clave de la transformación digital.

Aun cuando el documento Conpes No. 3975 señala la importancia específica que tiene la inteligencia artificial para el desarrollo integral de la comunidad, también reconoce explícitamente los riesgos que la misma puede conllevar, particularmente en materia de inequidad y agravación de ciertas diferencias sociales. Como consecuencia de ese reconocimiento, se establece que Colombia debe orientar sus acciones sobre transformación digital, teniendo en cuenta unos “principios adaptativos” que hagan más fácil para el país la inmersión en la Cuarta Revolución Industrial.

Dentro de esos “principios adaptativos” resulta principalmente llamativo el denominado “Experimentación Regulatoria”, que tiende por que las entidades encargadas de la regulación y supervisión estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías y, de esa manera, faciliten el uso de las mismas por parte de los emprendedores. Mediante el pilar anotado también se instituye un enfoque de gobernanza basado en los riesgos existentes para la inteligencia artificial.

La política pública propende entonces por la necesidad de ser creativos a nivel regulatorio, dando paso a modelos normativos más acordes con las realidades actuales, y que en verdad correspondan a los desafíos de una sociedad digital, que precisa de respuestas diferentes.

Ojalá lo contemplado en el papel también haga mella en los diferentes operadores jurídicos, pues lo cierto es que aunque el mundo ha cambiado en los últimos años, muchas veces nos quedamos cortos en la manera de abordarlo desde la perspectiva legal y judicial, ensayando soluciones que fueron óptimas en una sociedad pasada en la que no existía la tecnología de hoy.

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