Ignacio Merchán Rosero, Asociado Intermedio DLA Piper Martínez Beltrán

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  • Ignacio Merchán Rosero

jueves, 11 de mayo de 2023

La Ley 2195 de 2022, promulgada el 19 de enero de 2022, ha sido un avance disruptivo del Legislador en materia de lucha contra la corrupción a nivel público ¿Cómo hacer para que las herramientas consagradas no queden en declaraciones de buenas intenciones? ¿Se deben generar mecanismos para desarrollar los objetivos de la Ley? En este breve artículo abordaremos los Programas de Transparencia y Ética Pública (“PTEP”), como elementos necesarios en la lucha contra la corrupción en entidades estatales.

¿Qué son los PTEP?
Los PTEP son el grupo de políticas, manuales y procedimientos adoptados al interior de las Entidades Públicas, cuya finalidad es la promoción de la legalidad, la identificación del riesgo de corrupción y la prevención que este afecte las funciones públicas.

¿Quiénes están obligados a implementar los PTEP?
El artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 establece que todas las entidades nacionales, departamentales y municipales (sin distinción) deben implementarlos. El plazo que da la ley es de dos años para las entidades territoriales y un año para las entidades nacionales. Algunas entidades como el Senado de la República ya han adelantado la tarea, publicando su PTEP en la página web de la entidad.

¿Cuál es el contenido mínimo de un PTEP?
La Ley no señala requisitos taxativos, dando un listado general entre los que se incluyen: medidas de debida diligencia, prevención de riesgos asociados al lavado de activos y la corrupción, reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), consulta en listas restrictivas (y vinculantes), fortalecimiento de redes anticorrupción, estrategias de acceso a la información pública, promoción de la transparencia y todas las demás que la entidad considere necesarias. Un requisito adicional es que el PTEP será el nuevo eje de los Sistemas Integrales de Administración de Riesgos de las Entidades. Aún está pendiente la regulación de la Secretaría de Transparencia sobre los lineamientos y enfoques que deba tener el PTEP.

¿Qué tienen que ver los PTEP con el Cumplimiento Normativo Público o Public Compliance?
La transparencia y responsabilidad demostrada de las entidades públicas y sus funcionarios son una de las principales formas de control ciudadano, teniendo en cuenta que su interacción y actividad es fundamental para el mantenimiento de nuestra sociedad. El Public Compliance desarrollado en los PTEP busca dar claridad a las obligaciones de las entidades en materia de transparencia, para poder asegurar un mejor cumplimiento ante circunstancias que impidan la ejecución de sus funciones, como lo es la corrupción.

¿Cuáles son los beneficios de implementar un PTEP?
La gestión adecuada de los riesgos que puedan afectar a las Entidades Públicas asegura cumplimiento a dos objetivos: 1) que la Entidad pueda ejecutar sus funciones sin alteraciones relacionadas con investigaciones, ya que los PTEP entregan herramientas suficientes para la prevención de conductas ilegales de sus funcionarios y directores y 2) hace más transparente el relacionamiento con la ciudadanía y otros grupos de interés, quienes tendrán la posibilidad de vigilar y acercarse más a las entidades que muestren de manera adecuada la ejecución de sus PTEP en torno a la integridad y transparencia.

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