miércoles, 18 de septiembre de 2019
Por estos días de austeridad, y recortes presupuestales, acá va mi granito de arena: Se debe eliminar el ministerio de justicia. Son $80.000 millones de funcionamiento para este año es el presupuesto.
Las críticas que hago son institucionales, y no personales. No es nada contra la actual, y nueva, ministra de justicia por quien tengo admiración.
¿Sirven de algo las funcionen del ministerio? Miren ustedes:
Una de las funciones es la de coordinar las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Eso, probado está, no ha servido. Nunca ha funcionado, y la rama judicial ha dado muestras de que cualquier intento de “coordinación” lo entiende como una clara intromisión y la repele.
Sobre la función de diseñar y evaluar las políticas carcelarias y penitencias es mejor no hablar. Es el fracaso más estridente de este país: Las cárceles de Colombia dan cátedra a los campos de concentración. Esa tarea fracasó, y debe ser otra entidad la que se encargue del tema.
Otra de las funciones, la de administrar los fondos para infraestructura carcelaria y de lucha contra las drogas es crónica de una muerta anunciada. Las cáceles tiene su propia entidad, que es el INPEC, bajo administración de la policía nacional. Y lo de las drogas no puede ser tomado enserio: Una revisión del tema indica que en nuestro país hay más de 10 entidades encargadas del tema de drogas, en casi todos los ministerios hay una oficina para ese asunto.
Y si alguien tiene una duda de que la política de drogas fracasó, en el mundo entero, que levante la mano ese ingenuo.
También tiene el ministerio las funciones de adoptar, promover y coordinar las políticas en ejercicio de la profesión de abogado. ¿No es eso lo que hace el Consejo Superior de la Judicatura? Acá hay una clara duplicidad de funciones.
Y que este país sea el segundo del mundo con más abogados, ya es pista de que esta política no ha funcionado.
Otra función, que ya suena un poco cómica, es la relativa a la responsabilidad penal de los adolescentes. Dice la función: “Diseñar la política y promover los instrumentos aplicables dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, hacer seguimiento y evaluar su aplicación atendiendo su carácter especializado, su finalidad restaurativa y los acuerdos internacionales en la materia”. Digo que es cómico que un ministerio, con todo lo que ello implica, tenga una función tan residual, que bien podría atender una oficina intermedia adscrita a otra entidad.
En fin, lo que me parce, y desde luego que lo digo con todo el respeto, es que la realidad del país, el devenir cotidiano ha mostrado que ese ministerio no se necesita. Que sus funciones, que ya son pocas, y algo vagas, bien las pueden asumir otras entidades, muchas de las cuales ya existen.
El tema de drogas, puede pasar a Ministerio de Defensa y lo pertinente al de Salud. Las cárceles, perfectamente pueden pasar al INPEC (entidad que, dicho sea de paso, se debe liquidar), y todo lo relativo la promoción de la abogacía, el ejercicio de la profesión, podría estar en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura.
Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.
