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  • María Alejandra Meriño Vera

jueves, 28 de julio de 2016

¿En qué consistía el proyecto de Ley que impedía a las aerolíneas multar a los usuarios? 

El proyecto de Ley, aprobado por el Senado el pasado mes de junio, buscaba entre otras cosas regular las multas que imponen las aerolíneas por las modificaciones de todo tipo que los usuarios hacen una vez comprados los tiquetes aéreos. 

El texto de esta propuesta contemplaba el derecho de retracto de los usuarios al momento de comprar un pasaje aéreo. Esta iniciativa otorgaba un plazo de 72 horas después de comprado el pasaje para que el usuario se pudiera retractar de su decisión de viajar sin que por ello se le impusiera algún tipo de sanción monetaria.

En este mismo sentido, el proyecto preveía la posibilidad de que los usuarios pudieran modificar la fecha y la hora de su viaje, hasta ocho días antes de la fecha del mismo, sin costo alguno. En el evento en que dicha modificación se realizara dentro de la semana previa al viaje se aplicaría una multa con un valor aproximado de $30.000.

Otra modificación que despertó interés, era la posibilidad de que la aerolínea corrigiera los errores ortográficos en los nombres de los pasajeros, sin que estos tuvieran que incurrir en el pago de algún tipo de multa.  

¿Cuál fue el Debate que envolvió al trámite legislativo de la Ley en mención?

Mientras que esta iniciativa resultó ser de acogida por los usuarios del servicio de transporte aéreo, las aerolíneas expresaron su preocupación en relación con las consecuencias económicas que pudieran resultar de la aprobación del proyecto. Se planteó que la aplicación de las disposiciones que estaban contenidas en este proyecto de ley podía resultar en el incremento del costo de los pasajes para los usuarios.

¿Por qué el Presidente no sancionó la Ley?

La Casa de Nariño se rehusó a sancionar este proyecto de Ley, argumentado que el mismo transgrede los artículos 142, 151, 157 y 161 de la Constitución Política, razón por la cual se formuló pliego de objeciones en contra del mismo. 

En el documento mediante el cual el Presidente formuló las objeciones correspondientes, se argumentó que el contenido y objetivo de esta iniciativa legislativa tenía mayor relación con la protección al usuario del servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros que con una reforma al Estatuto del Consumidor, razón por la cual, en la opinión del Presidente, el mismo debió haberse tramitado por las comisiones primeras o sextas del Legislativo, y no por las terceras como se hizo.

Otro argumento que plateó la Casa de Nariño es que en el texto del proyecto se incluyó un artículo relacionado con la necesidad de publicar cada seis meses el costo promedio de los tiquetes, el cual, dice el Presidente “no fue aprobado en la plenaria del Senado y que la comisión accidental de conciliación desbordó su competencia constitucional, pues incorporó un artículo que no fue debatido ni aprobado por la plenaria de una de las dos cámaras”.

¿Qué queda?

Se está a la espera de que el Congreso se pronuncie en relación con el pliego de objeciones presentado por el Presidente. En caso de que las cámaras insistieren en su promulgación, al ser objetado este proyecto por contravenir la constitución, le correspondería a la Corte Constitucional decidir sobre la exequibilidad del mismo.

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