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Fabio Humar J. - fhumar@fabiohumar.com miércoles, 21 de agosto de 2019

Los últimos acontecimientos entorno a las investigaciones que se adelantan en contra del expresidente Uribe dejan un mar de sinsabores, que poco bien le hacen a este país.

¿Se están adelantando bien las investigaciones en contra del ex presidente Uribe?

Hablo en primera persona. Ocupé el cargo de Fiscal por varios años. Sé lo que es ordenar una interceptación, sé lo que es ordenar un seguimiento. Conozco en detalle las diligencias de allanamiento y registro. Durante un poco más de cinco años dirigí investigaciones bajo los dos sistemas procesales penales que rigen en Colombia, la Ley 600 y la Ley 906.

Hago esa introducción, porque la considero necesaria. Quiero hablar desde lo técnico, sin tintes políticos, ni matices de un lado o el otro.

Luego de ver el tremendo escándalo que se levantó con la columna de Daniel Coronell el domingo 11, quisiera hacer dejar planteadas estas cuestiones:

Asumo que Coronell escribió su columna con información fidedigna, lo que quiere decir que la palabra solicitar, objeto del escándalo sí debe estar en el informe del CTI, que transcribió la llamada con destino al magistrado investigador en la Corte Suprema.

¿Fue Coronell objeto de una trampa? ¿Le entregaron un texto distinto al que reposa en el expediente? O, lo que es más probable ¿En el expediente reposa una trascripción amañada de la llamada? En ambos casos, es gravísimo. Por un lado, quisieron dañar la imagen de Coronell, y quizá alguna mella le hizo. Por el otro, quieren llevar a un magistrado a que tome decisiones basadas en pruebas alteradas.

Otra cuestión que me parece sumamente delicada: ¿Es cierto que se ordenó interceptar un teléfono de un congresista, pero que la postre resultó interceptado el de Uribe? Si eso es así, todas, absolutamente todas las llamadas que se hubiesen obtenido así, por graves y comprometedoras que resulten, deben ser excluidas.

Ya va siendo hora que el sistema legal colombiano excluya de tajo las evidencias, y en general las piezas procesales que se obtienen mediante errores, o corrupción. Acá me refiero, también, a la sentencia de Andrés Felipe Arias, que en su momento signaron magistrados harto cuestionados.

Otra pregunta que me parece pertinente: ¿Por qué circulan, casi que de forma gratuita y general, las conversaciones de un investigado? No juzgo que un periodista tenga sus fuentes, faltaba más. Pero cada rato se conocen llamadas de Uribe, y algunas de ellas con sus abogados, cosa me parece peligrosa. Hace poco se publicó una que permitía notar que Uribe, con algo de congoja, hablaba con uno de sus abogados. ¿Por qué se están filtrando llamadas? Esas filtraciones, además de ser moralmente reprochables, implican un grave maltrato a la cadena de custodia de esas pruebas. ¿Se valorará esa situación, cuando sea el momento?

En el escándalo del domingo 11, Sergio Araujo en su cuenta de Twitter publicó una fotografía del informe del CTI. Hasta donde sé, esos informes son confidenciales. ¿Hay, acaso, un mercado negro de pruebas y evidencias? De ser así, ¿exclusivamente en el caso de Uribe, o cualquier ciudadano que esté investigado, puede encontrar pruebas de su caso en el mercado persa?

Esto no está saliendo bien, para nadie. Menos para los magistrados de la Suprema, corporación que parece que no levanta cabeza.

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