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María del Pilar Osorio Sánchez - mosorio@munozab.com Jueves, 4 de diciembre de 2014

Fue así, como muchos postulados regulados en el Decreto 01 de 1984 que en su momento encontraron su fundamento bajo el imperio de la Constitución de 1886, subsistieron a nivel de la mera regulación legal sobre la materia; sin embargo, al entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 se abrió paso a un claro fundamento constitucional por su incuestionable y estrecha relación con valores, principios y garantías que a su vez, constituyeron el fundamento esencial de la nueva concepción política del Estado colombiano y de su dinámica garantista y protectora. 

Significa lo anterior, que la Constitución Política dio lugar a una amplia gama de derechos fundamentales y la protección , lo cual fue recopilado por la Ley 1437 de 2011 para que conforme a la tutela que éstos debían tener se atribuyeran ciertas prerrogativas de los jueces y demás autoridades para interpretar la norma y por ende, dar aplicación a la más favorable, es decir, el legislador arguyo la posibilidad de interpretar y aplicar las normas a los casos concretos de conformidad con la Constitución y con el precedente judicial constitucional, para ir más allá de las normas de inferior jerarquía para aplicar principios, valores y derechos constitucionales, en aras de protegerlos y garantizarlos.

¿Se encuentra facultado el Consejo de Estado para realizar control abstracto de constitucionalidad – aplicación inmediata de preceptos constitucionales, de forma integral a Decretos Generales dictados por el Gobierno Nacional?
Sí, teniendo en cuenta la relación reciproca del parágrafo del art. 135 de la Ley 1437 de 2011 con el preámbulo y los art. 2, 29 y 229 de la Constitución Política, el Consejo de Estado en los juicios de nulidad por inconstitucionalidad no estará limitado para proferir su decisión en una eventual demanda y que, por el contrario, podrá fundar su excepción de inconstitucionalidad y/o la declaración de nulidad por inconstitucionalidad al advertir violación de cualquier norma constitucional, al igual que podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas, que a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales, caso en el cual estará reafirmando los principios superiores de supremacía e integridad de nuestra Carta Magna.

¿Es posible interponer otras acciones públicas para la defensa de la Constitución Política?
Sí, de acuerdo a lo dispuesto por nuestra Carta política, todo ciudadano tiene derecho a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, como una derivación del derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político señalando los distintos instrumentos o acciones que se pueden ejercitar contra los actos jurídicos que atenten contra sus preceptos y principios, a saber:

-La acción pública de inconstitucionalidad (art. 241 y ss)

-La acción de nulidad por inconstitucionalidad (art. 237-2)

-La acción de tutela (art. 86)

– La excepción de inconstitucionalidad, pese a que no es considerada una acción.

Sin embargo, también existen otras formas para ejercer el control constitucional, así: 
-La revisión automática u oficiosa de determinados decretos y leyes que corresponde ejercer a la Corte Constitucional.

-El examen de las objeciones presidenciales a cargo de esa misma corporación cuando han sido rechazadas por las Cámaras Legislativas. 

-El que realizan los Tribunales Administrativos cuando resuelven objeciones que, por motivos de inconstitucionalidad, presentan los Gobernadores contra los proyectos de Ordenanzas dictadas por las Asambleas Departamentales, y en general de todos los actos de la autoridades departamentales y municipales.

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