Regulación tecnológica: de las normas a la confianza

El ecosistema tecnológico colombiano atraviesa un momento histórico. Según el Colombia Tech Report de KPMG, el país cuenta con más de 2.100 startups con un crecimiento del 24 % y ocupa el tercer lugar en levantamiento de capital en LATAM. En paralelo, el marco regulatorio tradicional busca adaptarse a este entorno a través de decisiones judiciales y administrativas, y especializarse mediante nuevas normas, algunas ya vigentes y otras por llegar.

Pareciera que el ecosistema no está regulado, generando una sensación ya sea de incertidumbre o de tranquilidad porque “el derecho siempre llega tarde”. Aunque puedo estar parcialmente de acuerdo, vale la pena analizar el impacto de desarrollar o comercializar tecnología para responder varias preguntas clave.

¿Qué aportan las normas vigentes a quienes crean y comercializan tecnología?

Comencemos por reconocer que la tecnología es su activo más valioso, impacta positivamente su organización y es necesario protegerla. Para esto vale la pena revisar si se están aprovechando herramientas como contratos escritos entre desarrolladores, entre estos y la empresa y entre esta y sus clientes para proteger la titularidad sobre los derechos patrimoniales del software y distribuir la responsabilidad, estructuras corporativas que faciliten la inversión, gestión y protección del software, el registro del software mismo, las patentes en ciertos casos y el registro marcario.

Ahora bien, al desplegar tecnología en el mercado se tratan datos personales, las personas le confían sus procesos, transacciones y servicios y se generan expectativas en estos consumidores como la funcionalidad, calidad y precio en la venta. En este sentido, el ordenamiento jurídico ofrece herramientas como modelos de gobierno de datos, evaluación del impacto del tratamiento de datos en sistemas de IA, términos y condiciones comerciales y normas que orientan sobre publicidad, promociones, sorteos y comercio electrónico.

Finalmente, la sociedad también es impactada por ejemplo con bancarización, acceso a la salud y a la educación y en ese sentido un mal diseño quebranta la confianza y convierte un impacto positivo en una brecha tecnológica y en la imposibilidad de acceder a estos derechos. Por ello el ordenamiento propone incorporar desde el diseño la accesibilidad a menores, usuarios en condición de discapacidad o con menor alfabetización digital.

¿Qué puede esperarse de la regulación que viene?

De cara a lo que viene, nuestras normas se asemejan cada vez más al estricto sistema europeo y en ese sentido prepararse implica evaluar impactos en los derechos de los usuarios e implementar mecanismos de mitigación antes de desplegar tecnología, explicar y supervisar algoritmos, ajustarse a estándares internacionales de seguridad e implementar y demostrar la protección a grupos vulnerables y al planeta. También se esperan también sanciones más altas y una supervisión técnica más estricta.

¿A qué podemos apuntarle como empresas tecnológicas?

Es claro entonces que existen normas y que vendrán nuevas, pero en cualquier caso el cumplimiento no debe ser un fin en sí mismo. Su propósito es generar confianza en las empresas tecnológicas y desarrolladores, en el mercado y en la sociedad. Ese esfuerzo no solo evita sanciones, sino que puede convertirse en un factor diferenciador.

El punto está en generar confianza, quienes logren hacerlo atraerán inversión, impulsarán ventas y fortalecerán, en consecuencia, el ecosistema digital colombiano. El verdadero liderazgo no se medirá en el número de normas cumplidas sino en la capacidad de generar confianza aprovechando las herramientas que el ordenamiento jurídico ya ofrece y buscando siempre las mejores prácticas analizando aquellas que están por llegar.