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Andrea Londoño Agudelo martes, 21 de enero de 2020

Con ocasión de los recientes debates ocurridos en el país respecto de la regulación y supervisión de nuevos modelos de negocios basados en la transformación digital, es importante traer a colación los resultados obtenidos por Colombia en el Ranking Mundial de Competitividad Digital, escalafón en el que se mide la habilidad que tiene una economía para aprovechar y adoptar los beneficios de las nuevas tecnologías en los sectores públicos y privados.

En lo que se refiere al mencionado ranking para 2019, Colombia ocupó el puesto número 58 dentro de un total de 63 países, resultado que llama claramente la atención sobre el grado de rezago que existe en nuestro entorno respecto de la creación de condiciones idóneas y habilitantes para permitir una verdadera cuarta revolución industrial.

Aun cuando la posición obtenida el año pasado es de por sí preocupante, esa situación resulta aún menos alentadora si se toma en consideración que el desempeño de Colombia en la medición indicada ha venido decayendo desde 2014, anualidad en la que el país ocupó el puesto 49, evidenciándose así que, en un periodo de cinco años, nuestro nación retrocedió drásticamente en la materia examinada.

La complejidad de las circunstancias anotadas no solo se deduce de las conclusiones del ranking citado, pues en otras mediciones relacionadas con el avance de la transformación digital y de las condiciones necesarias para su eficiente desarrollo, nuestro país tampoco obtiene resultados halagadores (ej. e-Goverment Development).

Si bien en los últimos años se han realizado algunos esfuerzos para trazar una política pública, clara y comprehensiva, sobre las condiciones necesarias para viabilizar una real transformación digital en nuestro país, como lo demuestra la reciente expedición del Documento Conpes No. 3975 de 2019, en todo caso, es urgente pasar a la acción, pues, de lo contrario, tendremos que asumir los significativos costos de nuestra tardanza, más aún cuando el mundo está dando pasos agigantados hacia la cuarta revolución industrial.

En este sentido, dado nuestro entorno regulatorio y nuestra tradición legal, se torna aconsejable la puesta en práctica de ambientes de prueba regulatorios, conocidos en otras latitudes con el nombre de “sandbox”, escenarios que facilitan la inclusión de las nuevas tecnologías en los diferentes sectores de la economía, preservando, de cualquier forma, algunos aspectos fundamentales de seguridad normativa y protección al consumidor.

A pesar de que en Colombia ya existen algunos de esos ambientes de prueba regulatorios, debería analizarse con celeridad la conveniencia de implementarlos en sectores diferentes a los que hoy se tienen, tal y como expresamente se plasmó en las recomendaciones del Documento Conpes No. 3975 de 2019, pues, lo cierto, es que necesitamos con urgencia que nuestro país sea un lugar atractivo para estos nuevos desarrollos tecnológicos, dadas las innegables ventajas que los mismos implican.

Así como hoy podemos con orgullo mostrar los resultados del Sandbox implementado por la Superintendencia Financiera de Colombia, sería interesante y altamente recomendable, que otras entidades de regulación y/o supervisión pusieran en práctica esa herramienta para abordar los desafíos que las nuevas tecnologías presentan en todos los sectores de la economía, no sólo en el financiero.

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