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  • Javier Orozco Ustáriz

martes, 13 de diciembre de 2022

A pesar de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), que desde hace algunos años ha resaltado la necesidad de disminuir la carga impositiva sobre las empresas y aumentar la tributación de las personas naturales, la Reforma Tributaria tramitada por el Gobierno Nacional y que se encuentra ad-portas de ser aprobada, en vez de seguir tales lineamientos, los contradice.

Si bien la Reforma Tributaria aumenta la tributación de las personas naturales mediante la creación de un impuesto al patrimonio de carácter permanente, la eliminación o disminución de beneficios tributarios y la integración de las rentas líquidas cedulares por concepto de rentas de trabajo, de capital, no laborales, de pensiones y de dividendos y participaciones a efectos de obtener una única renta líquida gravable a la que se le aplicará la tarifa marginal del impuesto sobre la renta, resultan preocupantes las tarifas y disposiciones relativas a las personas jurídicas.

Los sistemas tributarios no son únicamente mecanismos para financiar el gasto público

Aumentar la tarifa general del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas resultaba de por si complicado, pues Colombia ya posee una de las tarifas nominales más altas tanto de América Latina como de los países miembros de la Ocde; sin embargo, para algunos sectores específicos (energético, financiero y extractivo), la Reforma Tributaria aumenta la tarifa general del impuesto sobre la renta en hasta 5, 10 o 15 puntos adicionales, demostrando claramente las intenciones del Gobierno Nacional en marchitar uno sectores que tradicionalmente ha sido muy importante en la generación de empleo y en el ingreso de divisas al país, como lo es el sector extractivo.

Adicionalmente, para las personas jurídicas, la Reforma Tributaria establece una tasa mínima de tributación con ciertas complejidades, un límite a ciertos beneficios tributarios y un aumento al 20% de la tarifa de los dividendos recibidos por sociedades y entidades extranjeras que, en últimas, no solo terminan incrementando la tributación empresarial sino que también afectan la competitividad del país, la generación de empleo y el retorno de la inversión a los accionistas.

En una economía donde los recursos son escasos, los inversionistas suelen tener en cuenta varios indicadores financieros a la hora de realizar una inversión (TIR, VPN, etc.), muchos de los cuales se ven afectados por las altas tasas impositivas, pues estas tienen un impacto directo en el flujo de caja libre operacional que se utiliza para hacer proyecciones. En ese sentido, si bien se entiende la necesidad de adelantar una Reforma Tributaria para luchar contra la desigualdad, robustecer los ingresos del Estado y promover el mejoramiento de salud pública y medio ambiente, también va siendo hora de crear un ambiente favorable, con normas claras y estables, que permitan atraer inversión y desarrollo al país.

Los sistemas tributarios no son únicamente mecanismos para financiar el gasto público, pues a su vez permiten a los Estados incentivar actividades, captar recursos y mejorar la competitividad de sus empresas. Por lo tanto, si lo que se quiere es aumentar el recaudo, deberíamos pensar en ampliar la base y aumentar la competitividad, y no asfixiar o sobrecargar a los mismos contribuyentes con más impuestos. No vaya a ser que por ello, terminemos perdiendo lo poco que teníamos. Así, en época de mundial, vale la pena recordar la frase que dice, “perder es ganar un poco”.

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