• Fabio Humar J.

miércoles, 14 de agosto de 2019

Todos han lanzado una explicación a la altísima tasa de desempleo. Acá va la mía, que no es otra que la ausencia de seguridad jurídica y física.

¿Alguien se ha preguntado en qué medida puede impactar la inseguridad, física y jurídica, la tasa de desempleo?

“Es la economía, estúpido” se decían los gringos (1992) para centrar el debate en temas más cotidianos, como inflación y desempleo.

Por estos lados, legos y avezados explican la razón de una tasa de desempleo elevada. ¿Migración venezolana? ¿Altas tasas bancarias? ¿Los impuestos que fustigan a las empresas?

Me toca el turno de apuntar a algún responsable, y por eso la frase que titula esta columna: “Es la seguridad, estúpido.”

La inseguridad jurídica azota despiadadamente. En países serios hay una o dos cortes de cierre.

Pero acá no. Acá el ciudadano se tiene que someter a esta diabólica fritura: Puede ser sancionado por la Procuraduría, y por la Fiscalía. También por la Contraloría. Puede meter mano la JEP. También el Consejo Superior de la Judicatura. Quizá el asunto lo conozca el Consejo de Estado, y también la Corte Constitucional. ¿Por qué no puede, también, ser competente la Justicia Penal Militar? Me gustaría una opinión de la justicia arbitral.

Y, desde luego, la Corte Suprema de Justicia debe estar por estos lados, que sería tribunal de cierre, salvo que sus sentencias las puede tumbar la Corte Constitucional, o un juez promiscuo de Planeta Rica, en virtud de una acción de tutela fallada a media noche.

También el asunto puede ser revisado, mediante tutela, quién dirá que no, por el Consejo Nacional Electoral, que también es una corte. Quizá vaya siendo hora de que la Comisión Interamericana opine, como lo hizo en el caso de Petro. O el sistema universal de derechos humanos, de la ONU, que también tiene plena aplicación en el ordenamiento jurídico patrio. Otro de los invitados a este baile es la justicia de restitución de tierras. Se me olvidaba la Jurisdicción de Justicia y Paz. Y la de menores y adolescentes.

Piense lo que debe sentir un empresario japonés, o neozelandés que tendrá que contratar más abogados que operarios.

¿Quiere adelantar un proyecto? No olvide hacer una consulta previa con las comunidades. Pero esa consulta previa no será previa ni definitiva, pues por el camino aparecerán más indígenas, y campesinos que dirán que aunque no vivían en la zona, siempre la tuvieron presente en su corazón, por lo que deberán indemnizarlos. También surgirán víctimas antes desconocidas.

Y si tiene un trabajador, estimado empresario, más le vale que sea un robot; recién conocí el caso de un empresario que dio por terminado un contrato de trabajo, pero el trabajador luego demandó porque hace una década (13 años, para ser preciso) tuvo un cáncer que, afortunadamente, ya no padecía. Había curación total, pero el juez consideró que el trabajador no podía ser desvinculado, nunca, por el riesgo del cáncer apareciera, sin importar que varios galenos juraron que eso nunca pasaría.

Escribo todo esto mientras hago una fila para denunciar que ayer iba con un cliente y los “rompevidrios” me hurtaron mis pertenencias y las de él a plena luz del día. Mi cliente me pidió que lo dejara en el aeropuerto, que por acá no quería volver nunca más. Y eso que no le conté de la Jurisdicción Indígena.