• Daniel Rojas Castañeda

viernes, 3 de abril de 2020

Fedelonjas dijo que aunque se suspendan los cánones mensuales de arrendamiento, los contratos continúan vigentes

Hace unos días, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, indicó que con el objetivo de mitigar los efectos derivados de la emergencia por el Covid-19, estaba trabajando en un decreto el cual buscaba dar alivios a los arrendatarios, tanto personas naturales como empresas, lo cual generó una serie de preocupaciones y debates entre los dueños, arrendatarios y las aseguradoras.

En concreto, el representante de la cartera de Vivienda aseguró junto al presidente Iván Duque que se iban a prohibir los desalojos durante el periodo de emergencia económica e indicó que también se congelaría el precio de los arrendamientos, de manera que “se suspendería el reajuste anual de los cánones, así como la acusación de los intereses moratorios o las penalidades por incumplimiento, así los contratos lo estipulen”.

Estas medidas generaron un debate debido a que muchas personas se acercaron a sus aseguradoras buscando si en estos casos su póliza de seguro los cubría frente a esta emergencia.

Desde la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) indicaron que el propósito del seguro de arrendamiento es el de amparar al arrendador del incumplimiento en el pago de los cánones y de las cuotas de administración bajo las condiciones establecidas en las mismas pólizas.

Por ello, desde el gremio, indicaron que las aseguradoras no han determinado que las pólizas no cubran los incumplimientos generados por la propagación del virus, sino que cada una de ellas tendrá que hacer un análisis de cada uno de los casos.

Sobre este asunto, Andrea Carolina Munar, abogada de Scola Abogados, dijo que las aseguradoras deben seguir atendiendo a lo dispuesto en los contratos y en las pólizas, pues las medidas del Gobierno no modifican los elementos esenciales.

“Consideramos que si el contrato sigue vigente, al igual que la obligación de pagar el canon, en el evento que el arrendatario incumpla con esa obligación que estaba amparada se podría hacer efectiva la póliza. Teniendo en cuenta que no se podría terminar el contrato, ni realizar un desalojo y tampoco podría cobrarse”, aseguró Mora.

Desde la Federación Colombiana de lonjas de propiedad raíz (Fedelonjas), el presidente Daniel Vásquez Franco, indicó que es importante solidarizase y tener conciencia de la situación actual en el país y que, por el momento, hay que esperar a que salga el decreto. Sin embargo, aseguró que por más de que se suspendan los cánones mensuales de arrendamiento para aquellos contratos en los cuales se hubiera previsto durante el tiempo de la emergencia económica “no se está diciendo que no se deba pagar sino por el contrario los contratos continúan vigentes y deben cumplirse con sus obligaciones”.

También el presidente de la Fedelonjas hizo un llamado a que se busque un acuerdo entre las dos partes que pueda beneficiar a ambos. “Acá hay que tener un alto grado de solidaridad y de conciencia de la situación”, agregó Vásquez.

La medida si se llegase a adoptar empezaría desde abril hasta dos meses después de finalizada la emergencia. Pero entre varias de las preocupaciones que presentan los arrendatarios está la de que no se diferencia entre el incumplimiento de cánones del periodo y el ya vencido de cánones anteriores, también que se deberían incluir una previsión que deje en firme que los contratos son renovados por un periodo adicional, entre otras críticas.

De esta manera, la abogada Munar indicó que uno de los mayores problemas que se puede generar con las normas que el Gobierno pretende expedir es que “ parecieran únicamente estar encaminadas a la protección de los arrendatarios y no de los arrendadores”, afirmó la abogada.

Esta medida, la cual sigue estudiando el ministro, se suma a otras del ámbito de la vivienda como la reconexión de los servicios de agua y energía, la refinanciación de los créditos hipotecarios, el periodo de gracia de hasta de seis meses a los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Además, esta podría llegar a beneficiar a un promedio de cinco millones de familias colombianas que viven actualmente en arriendo y de las cuales 82% pertenecen a los estratos 1,2 y 3.