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Daniel Rojas Castañeda - drojas@larepublica.com.co jueves, 6 de agosto de 2020

Minjusticia propone aumentar el periodo de los magistrados de ocho a 12 años y suspenderlos hasta por seis meses

Desde hace años, tanto gremios como agrupaciones políticas, académicos o senadores, entre otros, han planteado la necesidad de llevar adelante una reforma a la justicia. Esta petición se ha intensificado por las fallas tanto en el acercamiento de la misma a los ciudadanos como en su modernización o los recursos que se destinan para administrarla.

Además, después de la orden de detención del expresidente Álvaro Uribe, desde el Centro Democrático se propuso una constituyente para crear una corte única y poder reformar la justicia, una propuesta que no compartió el propio presidente Iván Duque, el cual afirmó que la idea es centrarse en realizar solo una reforma .“Hay gran consenso nacional entre sectores políticos, partidos y la Rama Judicial que han expresado que se requiere una reforma a la justicia que corrija fallas, más cercana al ciudadano, que le dé confianza a los colombianos, y que dé garantías para el ejercicio de la defensa”.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia tan solo ha adelantado un borrador con 25 artículos de la tan anhelada reforma, en donde se contemplan puntos como los de incrementar el periodo de los magistrados de ocho a 12 años y la posibilidad de que cada corte pueda suspender hasta por seis meses del ejercicio del cargo al magistrado que tenga una conducta que afecte la confianza pública en la corporación.

Su borrador también establece otro punto fundamental como es las elecciones de magistrados a cargo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, ya que decide que si al cabo de quince días no se obtiene una mayoría, la elección se hará por mayoría simple.

Además, se promoverá el acceso a la asesoría y la asistencia jurídica para las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Aunque aún no se ha decidido con claridad lo que va suceder en materia de financiamiento, el Ministerio de Justicia establece dos opciones en su borrador, el primero es aumentar el presupuesto de la Rama Judicial, excepto cuando, por razones de sostenibilidad fiscal obligue a llevar una apropiación menor.

La segunda es una propuesta dada por el Consejo de Estado en la que el Gobierno garantice la asignación de los recursos presupuestales de la Rama Judicial como mínimo en un monto equivalente al presupuesto de la vigencia fiscal 2019, ajustado anualmente con el incremento causado del Índice de Precios del Consumidor más tres puntos, entre otras cosas.

No obstante, AL decidió también consultarles a diferentes expertos en la materia sobre qué necesitaría una reforma judicial. Entre ellos, el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez dijo que lo fundamental es mejorar el tema de la eficacia a la justicia; lo que significa confiar en las decisiones de los jueces de primero y segundo grado, sobre todo, en lo contencioso y evitar saturar al Consejo de Estado, como tribunal de segunda instancia. “De emprender cualquier reforma a la justicia, la labor justamente radica en resolver situaciones donde la selección de altos dignatarios del Estado, garantice autonomía e independencia, al margen de intereses partidistas o de otra índole”, resaltó.

LOS CONTRASTES

  • Juan Manuel Charry Abogado y experto constitucionalista

    “Estamos en mora de reformar la justicia y tiene problemas tan difíciles como la tutela contra sentencias, el gobierno de los jueces, la politización y la congestión, entre otros”.

  • Kenneth Burbano VillamarínDirector del Observatorio Constitucional U Libre.

    “Se necesita una reforma a la justicia integral. El principal problema que tiene la administración de justicia es la congestión, esto se soluciona con un presupuesto autónomo”.

  • Federico Suarez Ricaurte Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional Económico de la Universidad Externado de Colombia

    "Lo que parece entenderse de la propuesta del Centro Democrático es que ellos quisieran hacer una unificación de las cortes y cambiar todo el sistema de elección de las magistradas y magistrados de dichas cortes. Cuando hay una propuesta que tiene ese alcance y tiene esa naturaleza, pues es una naturaleza que cambia por completo el entendimiento convencional y las características básicas que nuestro orden constitucional ha tenido desde 1991" .

  • Hernan OlanoVicerrector de la Universidad Gran Colombia

    "También está centrada la reforma a la administración de justicia en quitarle la capacidad electoral a las altas cortes, despolitizar la elección de los magistrados, volver a la cooptación plena que se utilizaba antes de la carta de 1991, en cuanto a la edad y en cuanto a la remuneración de los jueces frente a los magistrados, entre otras cosas".

Así mismo, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla indicó que no se puede concebir la paz ni la seguridad ciudadana, el progreso del pueblo, su bienestar y su inclusión en un mundo globalizado, sino mediante una justicia sólida, “autónoma e independiente, plural, solidaria, organizada, limpia, moderna, cumplida, sintonizada con las necesidades de los justiciables y con las exigencias del tráfico contemporáneo”, resaltó.

Por otro lado, académicos como el vicerrector de la Universidad Gran Colombia, Hernán Olano, explicó que las reformas a la administración de justicia siempre deben buscar entre otros que la edad de los magistrados sea superior a los 40 o 50 años para que la aspiración de un abogado a las altas cortes no sea “el trampolín” a otra carrera sino precisamente el cierre de su actividad jurídica.

Por su lado, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Federico Suárez, resaltó que las principales necesidades son las de acercar la justicia al ciudadano, dotarla de mejores recursos y modernizarla, entre otras cosas. “Creo que los retos de la justicia son distintos y no necesariamente tiene que hacerse una asamblea nacional constituyente para poder resolver los problemas medulares que hoy tiene la administración de justicia en Colombia”, expresó.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, indicó que es necesario una rama que los investigue a ellos mismos debido a que es el “único poder” que no tiene quien lo haga. También, Samuel Hoyos, de Asomóvil, dijo que “a las Cortes también les ha hecho daño tener facultades electorales y nominadores. Eso ha generado que la política logre permear instituciones que deberían ser ajenas a la deliberación política”.

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