• Karen Pinto Duitama kpinto@larepublica.com.co

sábado, 10 de febrero de 2024

Desde el martes 13 de febrero, la vicefiscal Martha Mancera asumirá el liderazgo de la fiscalía general tras salida de Francisco Barbosa

El nombramiento de la nueva Fiscal General se terminó de consolidar como el tema de la semana con el bloqueo de las instalaciones del Palacio de Justicia, luego de que la Corte Suprema anunciara que, de nuevo, ninguna de las ternadas por el Presidente recibió los 16 votos suficientes para asumir el cargo, por lo que la votación se postergó una vez más, esta vez para el 22 de febrero.

Esta situación ya dio como resultado que se asuma una dirección interina en la Fiscalía por parte de Martha Mancera, quien se ha desempeñado como vicefiscal general en el último cuatrenio y ha estado por más de tres décadas en la entidad. Pues desde este martes 13 de febrero, el actual fiscal Francisco Barbosa saldrá del cargo.

A Mancera se le ha señalado de favorecer a Francisco Martínez, exdirector del CTI de la Fiscalía en Buenaventura quien tiene vínculos con narcotráfico; acusaciones que la vicefiscal ha calificado como una campaña de desprestigio por parte de seguidores del presidente Gustavo Petro.

Pero independiente a estos señalamientos, el abogado penalista y procesalista, Juan Francisco Navarrete, explicó que esta interinidad representa un problema grave porque la funcionaria encargada no cumple con los requisitos establecidos en la constitución.

Y sumado a los efectos políticos y judiciales, este nombramiento de encargo también influirá en la administración de grandes recursos públicos, pues la Fiscalía tiene un presupuesto asignado de $6,02 billones para 2024, de los cuales, $5,69 billones corresponden a gastos de funcionamiento, incluidos los destinados al personal permanente, 24.754 funcionarios públicos, de los 62.763 de la Rama Judicial.

“La interinidad lleva a que la ejecución del presupuesto se haga de manera provisional, las entidades se llenan de contratos y gastos provisionales que impiden que se establezcan planes y programas definitivos porque la interinidad no tiene tiempo de duración asignada para el cargo”, explicó Navarrete.

Esta situación no solo se va a dar en la Fiscalía. La Contraloría lleva seis meses con contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, quien tiene a su cargo $1,46 billones en presupuesto para este año.

“El departamento de la Función Pública ha dicho que no hay una norma en la Ley que establezca el tiempo que puede o debe durar la interinidad, entonces el funcionario encargado ejecuta el presupuesto conforme a las necesidades inmediatas, pero no conforme a un plan o un programa estratégico de crecimiento y de modernización de las entidades”, por ello, según como lo indica Navarrete, ambas entidades estarán con directivos encargados que podrán ejecutar más de $7 billones en el año.