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viernes, 4 de julio de 2014

Las decisiones del Consejo de Estado del pasado miércoles 25 de junio, dieron un golpe a la tradicional puerta giratoria de los magistrados de las altas cortes, quienes saltaban de despacho en despacho, así lo interpretó la presidente de ese alto tribunal, María Claudia Rojas, quien afirmó que, con estos fallos, “comenzaba la reforma a la Justicia”.

Recordemos que ha sido un propósito de este Gobierno lograr la reforma a la justicia, que incluso ya tuvo que objetar al Congreso un proyecto de reforma de Acto Legislativo en esta materia, teniendo que volver a presentar otro proyecto en este periodo presidencial. 

Sin embargo, en un hecho inédito como lo señalo, los Consejeros de Estado anularon las elecciones del presidente de la Judicatura Francisco Ricaurte y del Magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos. En el primer caso, se determinó que el magistrado, que fue presidente de la Corte Suprema, no podía ser elegido por los mismos que él había elegido y en el segundo, hubo una falla de forma, debido a que se violó el voto secreto en su elección.

 El salto de Ricaurte de la Corte Suprema a la Sala Administrativa de la Judicatura, es uno de los episodios más criticados a las altas cortes en los últimos años, va en contravía de preceptos constitucionales que prohíben que los magistrados de la Judicatura provengan de las mismas corporaciones postulantes. En este caso encontramos una rectificación jurisprudencial, porque en el pasado admitieron que el artículo 126 no prohibía que se nombrara o postulara a alguien que había participado en elección de magistrados. En el caso de Ricaurte cambian esa doctrina lo cual es positivo porque era una postura conceptual equivocada.

Según el texto de la demanda, 15 de los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que eligieron a Ricaurte fueron elegidos por magistrados en votaciones en la que éste participó, aspecto que desde el artículo 126 de la Constitución Política, era una verdadera irregularidad. “No podrán designar personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación”, precisa el texto de la demanda instaurada en enero del 2013 por los reconocidos abogados Rodrigo Uprimny y Ramiro Bejarano.

De esta manera, 17 Consejeros de Estado votaron contra la legalidad de ese salto,  pese a la ponencia de la Magistrada Susana Buitrago, que había sido derrotada hace dos semanas con otro proyecto de fallo que desechaba la demanda. Esta vez, planteaba que la prohibición de la puerta giratoria se aplicara a futuro, anterior a la reforma constitucional.

Incluso la misma magistrada tendrá que elaborar la ponencia del caso de Pedro Munar, que está en trámite y que debe terminar en la misma situación de Ricaurte, fuera de la Judicatura porque, como él, fue elegido por miembros de la Corte que a su vez fueron elegidos con su voto.

En la nulidad de la elección del Magistrado  Rojas, fue un fallo ante la demanda interpuesta por el director de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, quien argumentó una grave irregularidad en la conformación de la terna que, junto con los abogados Martha Lucía Zamora Ávila y Alejandro Linares Cantillo, conformó el Consejo de Estado.

 La irregularidad consistió en que la mayoría de los miembros de la Sala Plena hizo pública su intención de voto, cuando el reglamento del Alto Tribunal señala que, sin excepción, el voto debe ser secreto, cambio en el sistema de votación que indudablemente repercute en desmedro de la esfera íntima del elector, de forma que su independencia y su autonomía se vieron comprometidas, pues su decisión es conocida previamente por los demás colegas.

En suma, después de varios años de duros cuestionamientos a las altas cortes por escándalos como el carrusel de pensiones y la famosa puerta giratoria entre los máximos tribunales, por primera vez los magistrados del Consejo de Estado toman una decisión radical contra sus pares del Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional.

En conclusión, queda en evidencia que la función electoral de las altas cortes, como la postulación de altos funcionarios, es una de las dificultades del Sistema Judicial, que por fin parecen sacudirse de prácticas que han desprestigiado la credibilidad histórica que siempre tuvieron. 

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