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Lunes, 9 de febrero de 2015

Hoy, 39 años después, muchos de los actores principales, tanto del sector privado como público de nuestro país parecen no entender bien este aporte. Año tras año, las fallas de mercado generadas por información mentirosa o incompleta se constituyen como uno de los grandes pilares de la inequidad y la informalidad. Hoy tenemos un sistema financiero con bancos y aseguradoras maquillando los precios de sus productos imposibilitando una justa competencia. Además, empresarios que roban a sus empleados al no cotizar los aportes de pensión, valiéndose de operadores de recaudo altamente ineficientes. 

Como político Conservador creeré siempre en el poder del mercado para generar las distribuciones más eficientes. Sin embargo, también creo que muchos de sus participantes -bancos, aseguradoras e incluso políticos- o están sesgados por visiones de corto plazo o simplemente temen al cambio. Esto me lleva a la necesidad de legislar para darle un empujón al mercado con el fin de garantizar condiciones no solo eficientes sino redistributivas. 

Dos días después del 24 de diciembre, los colombianos recibieron un gran regalo de navidad. Fue sancionada la Ley de 1748 de 2014, también llamada Ley de precios transparentes. Esta ley es un instrumento de competencia, eficiencia y redistribución. Es una herramienta para darle el poder de la información a la gente, para que tomen las decisiones más importantes de su vida informados. Por primera vez los colombianos podrán saber el valor real que los bancos y los fondos de pensión les cobran y las aseguradoras estarán obligadas a acompañar a los ciudadanos a tomar la mejor decisión para su pensión, ya sea con las entidades privadas o con la pública. El Gobierno Nacional debe publicar la reglamentación en menos de 30 días y se espera que a partir de marzo los colombianos vean el impacto de esta ley reflejada en sus extractos.  

Pero este no fue un camino fácil. La resistencia por parte de la banca privada es normal debido a que estas leyes ponen en riesgo sus utilidades. No obstante, a pesar que la ley beneficia a casi 18,7 millones de afiliados, 7,1 millones cotizantes y a 35% de afiliados a Colpensiones, esta última compañía, a través del Gobierno Nacional, objetó la ley y estuvo a punto de hundirla. Sus argumentos señalaban sobrecostos para la institución que no eran equiparables con los beneficios para los usuarios. Ignoraron que también habían beneficios para ellos, pues con la ley se incentiva a los usuarios a dar mejor retroalimentación gracias a los nuevos extractos y ayudará a evacuar las más de 2 millones de tutelas que hoy tienen curso en la corte, en parte por empleados a quienes “les hicieron conejo con sus aportes” y aún no cuentan con el número de semanas suficientes para su retiro. 

En este sentido, cuesta entender el mensaje de inclusión financiera que el Gobierno profesa, cuando ellos mismos entorpecen las herramientas con las que el Congreso de la República empodera a los ciudadanos para tomar mejores decisiones. El mecanismo es simple: mayor información, precios más competitivos, mayor inclusión de la ciudadanía en el sector financiero, mayores ingresos para el sector y mejores condiciones para la población. En términos del aporte de Stiglitz, con la ley de precios transparentes TODOS ganan.

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