lunes, 19 de julio de 2021
El covid-19 y la preocupación por las emisiones globales de carbono son algunos de los factores que han llevado a revaluar el proceso de globalización. Cada vez son más los países y regiones que están dando un giro hacia la protección de los intereses nacionales y ambientales.
De acuerdo con Antón Costas, reconocido economista español, la idea tradicional de globalización está asociada al objetivo de impulsar una integración económica y financiera global profunda a cambio de reducir el margen de maniobra de las políticas nacionales.
Sin embargo, este mismo autor, y diversos economistas han planteado en los últimos años que este concepto de globalización llegará a su fin, por cuanto estamos migrando a un nuevo modelo económico donde se prevalecerán los intereses nacionales.
Quien está liderando esta tendencia es la Unión Europea, que ha adoptado una serie de medidas que distan del modelo de globalización clásico. Tal es el caso del programa “Next Generation UE”, cuyo objetivo es recuperar la soberanía industrial, tecnológica, la seguridad económica y el medio ambiente.
Entre estas medidas es digna de mención la reciente decisión de la UE de imponer un impuesto fronterizo al carbono a las importaciones originarias de países que no cumplen con las normas y controles internacionales de emisiones industriales de gases invernadero.
La decisión es el resultado de las diferencias, que existen entre los países, en los grados de exigencia ambiental que lleva a que las industrias ubicadas en países que han adoptado regulaciones muy estrictas deban asumir costos más altos en comparación con aquellas que operan en países donde las exigencias son más laxas.
Lo anterior da lugar a lo que se conoce como dumping ecológico que se presenta cuando ingresan al mercado interno de un país productos que no reflejan en su precio los costos derivados del cumplimiento de exigencias ambiental.
También ocasiona, este fenómeno , las denominadas fugas de carbono, que consisten en la reubicación o migración de la producción de las empresas hacía países en donde no existen estrictos controles ambientales.
El impuesto adoptado por la UE ha sido objeto de una fuerte oposición por parte de Brasil, India y China, quienes lo calificaron como discriminatorio y violatorio del principio de equidad y del Principio 7° de la Declaración de Río según el cual los estados tienen una común pero diferente responsabilidad que debe variar de acuerdo con el grado en que cada uno haya contribuido a la degradación ambiental.
Se considera además que este gravamen es un reflejo de la crisis del concepto tradicional de globalización por cuanto la UE está haciendo prevalecer sus políticas ambientales y garantizando a sus empresas la igualdad en el campo de juego con preferencia sobre la apertura comercial, lo que ha dado pie para que autores como Jean Pisani hayan llegado a afirmar que este tributo marcará el fin de la vieja globalización y el nacimiento de una nueva.
La medida adoptada por la UE debiera ser motivo de reflexión por parte de los países en desarrollo quienes, en ocasiones, son más dogmáticos que las economías más poderosas, en el sentido de privilegiar la apertura ciega y a rajatabla por encima y a costa de la igualdad en las condiciones de competencia.
En contraste con estas posiciones ingenuas y radicales, es claro que las principales potencias jamás permitirán poner en riesgo su producción nacional en aras de tolerar un comercio desleal y distorsionado. Bien deberíamos los países del tercer mundo tomar nota de estas lecciones.
