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Natalia Cubillos Murcia - ncubillos@larepublica.com.co Miércoles, 4 de febrero de 2015

Riesgo es lo que considera la Contraloría General de la República a la hora de hablar de aumentos presupuestales en la Rama Judicial, por parte del Estado Colombiano.

Pese al crecimiento que ha tenido el presupuesto, que incluye bonificaciones salariales en 2013 de $1,3 billones, no habrá alivios pues 80% de sus gastos suben y “no pueden reducirse, modificarse o cambiarse, restringiendo el margen de maniobra en las finanzas públicas”.

Incluso el aumento del dinero destinado ha sido mayor que para salud. Esto implica que el Gobierno no tiene un margen de maniobra en las finanzas públicas lo que significa un riesgo en la gerencia de los recursos del Estado, de acuerdo con la entidad dirigida por Edgardo Maya.

El informe asegura que a 2018, solamente en los gastos para financiar el personal serán destinados $2,8 billones en este sector.

La CGR consideró importante que se “prioricen los gastos y se analicen las sendas de crecimiento de los mismos antes de pensar en aumentar aquellos de carácter permanente”.

Si se compara la variación del presupuesto de la rama judicial frente a otros sectores, la primera creció 13% y fue muy por encima de educación, con 8%, y de salud, con 11%.

La preocupación sale también de una información histórica en la que se muestra que en los últimos 10 años la Rama ha recibido $1,7 billones para pagos de beneficios adicionales al salario.

Y en los últimos cinco años pasó de $1,8 billones a $3,3 billones.

Por otra parte, el año pasado los gastos personales representó un 82% del presupuesto, lo que representó que dichos gastos se volvieran determinantes, “no solo para el presupuesto de este poder público sino para el total del gasto público nacional”. En el Presupuesto de la Nación para 2015, los gastos de personal tuvieron un aumento adicional de $1,03 billones de los cuales 54% ($564.000 millones) son para la Rama Judicial.

Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, hay estudios que señalan que cómo “la rama judicial demanda más presupuesto y, también hay que exigirle una mayor gestión en eficacia, pues no se ha traducido el aumento en mayor calidad y celeridad de la justicia”.

Lo ideal, aseguró Bustos, es exigir una mayor transparencia vigilancia y control de los manejos de los recursos para los que prestan servicios públicos que hoy en día están muy clientelizados.

Este análisis se da en momentos en los que Asonal Judicial ha contemplado volver a paro, pese a los 90 días que duró la Rama sin actividad el año pasado y que afectó profundamente el trámite procesal.

De acuerdo con Édgar Alfredo Gómez, consultor privado de política pública, lo que sucede con las prestaciones sociales y los salarios es que no son complementarios frente a las responsabilidades. Además las Altas cortes tienen remuneraciones muy altas frente a los funcionarios de los juzgados municipales y departamentales lo que termina impactando negativamente la gestión.

El problema de la justicia, agregó, tiene como responsables al Congreso y la mala gestión del Consejo Superior de la Judicatura que no ha sabido tomar decisiones sobre el “personal, el manejo de expedientes y tipos de casos para juzgados específicos”.

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