• Vanessa Pérez Díaz vperez@larepublica.com.co

miércoles, 8 de septiembre de 2021

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter aclaró que en este caso se le acusa de "supuesta omisión"

La realidad que vive el gobernador (suspendido) de Antioquia, Aníbal Gaviria, es agridulce. Esta semana, por un lado, fue eximido de responsabilidad fiscal por el caso del proyecto hidroeléctrico Hidroituango; pero, por el otro, se ratificó el fallo que negó la revocatoria de medida de aseguramiento en su contra mientras continúa la investigación por presuntas irregularidades en contratos para las obras de un tramo de la Troncal de la Paz.

Ante ambas decisiones, Gaviria publicó ayer en su cuenta de Twitter un comunicado en el que se manifiesta sobre ambos temas y en la que además anuncia una importante decisión.

“Insisto que soy respetuoso de las instituciones. Mis abogados agotarán los recursos jurídicos ante la Corte Suprema de Justicia, para que se restituyan mis derechos y mi inocencia sea confirmada públicamente. Pero dadas las reiteradas acciones al margen del debido proceso por parte de la Fiscalía, he tomado la decisión de acudir a las instancias internacionales, con carácter urgente, para procurar el cese de la violación a mis derechos políticos y los del electorado antioqueño”, indicó en el comunicado.

Comunicado a la opinión pública sobre mi exoneracíon por responsabilidad fiscal en Hidroituango y sobre la decisión de la Sala de Casación Penal de la CSJ. pic.twitter.com/luQAYb6clc

— Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) September 7, 2021

Al explicar la decisión, Gaviria aclaró que el caso es por una “supuesta omisión” y no por un detrimento patrimonial, mala calidad de la obra, impertinencia del proyecto, ni obra inconclusa. “La Fiscalía ha aceptado que no hubo pérdida de dineros públicos, tampoco reprocha la calidad y utilidad pública de la obra. Centra su acusación en una hipotética violación de principios de la contratación pública”, indicó.

Y continuó la carta explicando que el caso que afronta es por una supuesta omisión en su deber de supervisar la contratación de la Troncal de la Paz en el Bajo Cauca Antioqueño, obra que fue contratada en 2005 durante su primer mandato como Gobernador de Antioquia.

También destacó que recibió con satisfacción la decisión de la Contraloría de eximirlo en el caso de Hidroituango.