• Alejandra Rico Muñoz

miércoles, 14 de junio de 2023

Por cada 100 procesos que entraron al Consejo de Estado, se evacuaron 120, mientras que en la Corte Constitucional se evacuaron 110

En Colombia, por primera vez se tomó una decisión judicial haciendo uso de la Inteligencia Artificial, con ayuda de ChatGPT.

Se trató de un juez en Cartagena que falló a favor de un niño autista. La sentencia le da la razón a la madre que solicitaba la exoneración del pago de citas médicas, terapias y transportes a centros hospitalarios a su hijo autista, pues ella aseguró que no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir la condición del menor.

Desde entonces, surgió un debate extenso sobre la utilización de IA en los juzgados, discusión que se sumó al uso de las TIC en las diligencias judiciales desde 2020.

Desde ese año, por la pandemia, se expidió el decreto 806 de 2020 por el cual se adoptaron medidas para implementar las TIC en las actuaciones judiciales, con el fin de agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.

Este decreto y, posteriormente, la Ley 2213 de 2022, que lo vuelve legislación permanente, son los primeros pasos para una regulación de las TIC, pero no dice nada de la IA.

Esta Ley les permite usar en los juzgados diferentes recursos de las tecnologías para suplir funcionalmente el acceso a un expediente, para realizar una audiencia, para enviar memoriales, etc.

Las implementaciones han hecho que las audiencias virtuales pasen de 22.978 en 2019 a 229.483 en 2020, un aumento de 899%.

Esto llevó a que, en 2021, se redujera significativamente el porcentaje de las audiencias canceladas: mientras que en 2020 se canceló 11% de las audiencias judiciales programadas en el país, en 2021 se canceló 3,4% (7,6 puntos menos), según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

La descongestión judicial también se vio en los procesos que llevan las altas cortes. El mayor incremento de la productividad lo registró el Consejo de Estado, en donde pasó de 84,3% en 2018 a 120,2% en 2022. Esto quiere decir que por cada 100 procesos que ingresaron al Consejo de Estado, se evacuaron 120,2, por lo que hubo una desacumulación de los casos.

Esta tendencia también se vio en la Corte Constitucional, en donde pasó de una productividad de 89,5% en 2018 a 110% dos años después. Mientras que la Corte Suprema no se vio tan beneficiada por la virtualidad ya que pasó de 84,4% de productividad a apenas 86,9%.

Las herramientas TIC sin duda alguna han traído agilidad a los juzgados, pero también han ayudado a ahorrar mucho dinero. Según las cifras de la CEJ, los gastos anuales de la Fiscalía se han reducido en el concepto de desplazamientos y viáticos. Para 2019 la Corporación Excelencia en la Justicia registró un gasto de $46.071 millones, mientras que en 2021 se redujo a $27.087 millones, lo que representó una variación de 41,2%.

De hecho, Gabriela Forero, asociada en Cuatrecasas, aseguró que “una de las ventajas de tener herramientas TIC en los juzgados recae en la eficiencia que pueden brindar en los procesos. Por ejemplo, en la plataforma Samai, la cual permite radicar demandas en la ventanilla virtual, notificar electrónicamente a las partes y contestar o incluir pruebas y memoriales de manera digital. Dicho propósito se recalca en la ley 2213 de 2022”.

Las herramientas TIC trajeron un acelerador a todos lo procesos que las implementan. Sin embargo, la IA en los sistemas judiciales puede traer implicaciones significativas. Es por esto que Sarah Carvajal Sarmiento, asociada Del Hierro Abogados, explicó que hay que considerar algunos aspectos como, por ejemplo, los sesgos y posible discriminación, “los sistemas de IA, al ser una herramienta de autoaprendizaje, basan sus decisiones en las fuentes que alimentan su algoritmo, de tal suerte que, si se usa la herramienta sin considerar estas posibles asimetrías de información, es muy probable que desconozca las condiciones particulares de cada caso de estudio. De esta manera, el algoritmo puede llegar a generar discriminaciones positivas o negativas que podría generar cambios en la decisión judicial”, dijo.

Otro aspecto fundamental es el de la privacidad y protección de datos, la IA en el sistema judicial puede implicar el procesamiento de grandes cantidades de datos personales, incluyendo datos sensibles como la información médica o financiera de los involucrados en el proceso. “De esta manera, se deben implementar medidas adecuadas para proteger la privacidad y seguridad de los datos personales, así como para garantizar que se respeten los derechos de los individuos en relación con sus datos”, aseguró.

El tercer aspecto que mencionó fue la responsabilidad, en el caso de errores o decisiones incorrectas tomadas por sistemas de IA, es importante que se tengan en cuenta las implicaciones de las que se harían acreedores los jueces de conformidad la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

“La IA no dista mucho de las consultas que se hacen a las plataformas como Google, lo que no se puede hacer es descansar la responsabilidad de ponderación y de confirmación de información en el uso de las plataformas o en la IA”, aseguró Juan Felipe Navarrete, abogado penalista.