miércoles, 9 de julio de 2014
El Ministerio de Justicia está listo para tramitar la salida de cerca de 1.000 leyes y decretos del ordenamiento que están en desuso o que ya cumplieron con su misión.
Se trata de la iniciativa de las “leyes inútiles” que desde hace casi dos años ha venido promoviendo el presidente Juan Manuel Santos para purgar el ordenamiento jurídico y así poder hacer más fácil para los operadores jurídicos la aplicación de las más de 17.000 normas, que según el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, están vigentes.
“Se trata de una depuración normativa en la que han venido trabajando todos los ministerios y universidades del país, para poder conocer, desde todos los frentes, cuáles son las normas en desuso. Se han detectado 970 hasta el momento”, indicó la viceministra de Promoción de la Justicia, Piedad Zúñiga.
Según la funcionaria, en general, se han presentado dos razones por las que se pone en duda la necesidad de continuar con una norma. Por un lado, está el hecho de que, por razones culturales por ejemplo, ya no se usan.
Es el caso de una norma de finales del siglo XIX en las que se prohibía la importación de ciudadanos chinos, o de otra, la 89 de 1890 que hace referencia a cómo “deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Pero también hay otras leyes que deben salir, según Zúñiga ya que “cumplieron con su cometido. Como la que se estipuló todos los efectos de obras y demás luego del terremoto de Popayán, por ejemplo”.
Se espera que cada dos meses se reúna la Comisión Intersectorial para la Armonización Normativa, que es el máximo cuerpo consultivo del Minjusticia para realizar este trabajo de purga, y reciba las propuestas de los diversos sectores involucrados para que se determine, primero, si la norma cumple con los parámetros de salida del ordenamiento y, segundo, cómo se hará para revocarla.
Miguel Samper Strouss, viceministro de Promoción de la Justicia, indicó en su momento que la metodología será por grupos “de leyes y decretos por periodos de tiempo de cinco años. La idea es que al final del año el producto sea un decreto que derogue todas estas normas que están en desuso, así como un proyecto de ley para derogar las leyes que están absolutamente obsoletas y que no tienen ninguna aplicación”.
Una de las cargas normativas más grandes que tiene el Congreso son las leyes de honores, son 30% del total.
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