Procurador Fernando Carrillo/ Colprensa

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  • Kevin Steven Bohórquez Guevara

domingo, 19 de julio de 2020

Las presuntas faltas de los soldados fueron calificadas de manera provisional como gravísimas a título de dolo, explico el órgano de control

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario a siete soldados del Batallón de Artillería No. 8 de la Octava Brigada del Ejército Nacional, para que respondan por el presunto acceso carnal violento contra una menor de 12 años de la comunidad indígena Embera Chamí, en Pueblo Rico, Risaralda.

De acuerdo con el órgano de control, se endilgó un primer cargo a los soldados regulares Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata, y a Luis Fernando Mangaret Hernández, por supuesto acceso carnal violento en persona protegida.

Frente al caso del soldado Fernando Mangaret Hernández, advirtieron que, aunque no ejecutó actos de violación sexual contra la niña, al parecer contribuyó a la realización de estas conductas cuando tenía el deber constitucional y legal de defenderla.

La Procuraduría agregó que la víctima, en este caso la menor de edad, no tenía participación en el conflicto armado interno, por lo tanto, debió ser considerada una civil y persona protegida a la luz del Derecho Internacional Humanitario.

“Ni los ciudadanos, la sociedad, y el Ejército Nacional en su conjunto, esperan que algún miembro de la institución, vulnere la dignidad de las personas, más aún de las menores de edad, dada la investidura y la función constitucional que tienen, más en una zona de conflicto armado como se trata del corregimiento Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda”, argumentó la Procuraduría.

El Ministerio Público agregó que con la conducta de los soldados se habrían vulnerado los principios de la función administrativa, particularmente la buena fe, moralidad, responsabilidad y transparencia, y afectado el deber funcional que está atribuido a la fuerza pública.

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