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Colprensa Viernes, 13 de julio de 2012

Tres integrantes de la familia Dávila Abondano y cuatro empleados del Grupo Daabon, implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), le pidieron al juez 25 de conocimiento de Bogotá, que su proceso sea llevado a Santa Marta.

Argumenta la defensa de Juan Carlos, Alfonso, Alberto Dávila Abondano y Guillermo Barrios, Luis Miguel Bergara, Germán Zapata y Jesús Carreño, que ninguno de los hechos por los que se acusan a sus prohijados tuvieron lugar en Bogotá, puesto que las solicitudes que presentaron para conseguir el subsidio agrario de cerca de 2 mil 500 millones de pesos, a través de los predios Las Mercedes y Cimarrona, se realizaron en la costa Caribe del país.

Respecto a la petición, el jefe de la Unidad Anticorrupción, Martín Moreno Sanjuán, quien lleva el caso, señaló que la misma solicitud fue realizada por la familia Vives Lacouture y que la Corte Suprema de Justicia determinó que era un juez de Bogotá el que debía llevar el proceso.

“La sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), entidad que firmó el convenio con el Ministerio de Agricultura y por el que se entregaron los subsidios, se encuentra en Bogotá y fue aquí en donde se estudiaron, analizaron y aprobaron los proyectos (…) el hecho de que las familias estuvieran en diferentes partes del país, no significa que el proceso se deba atomizar y trasladar esos lugares de Colombia”, indicó Moreno Sanjuán.

Los Dávila Abondano y sus colaboradores habrían recibido la millonaria suma por desarrollar proyectos de riego y drenaje. Sin embargo, con el fin de recibir más subsidios, fraccionaron varios de sus terrenos, tal como se ha manifestado. El dinero recibido según la defensa de los empresarios fue devuelto en su totalidad.

Los empresarios son propietarios de fincas en el César, La Guajira, Magdalena y sur de Bolívar y les fueron imputados los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

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