Corte Suprema confirmó orden de captura para el exdirector del Dapre por caso Ungrd
El fallo ratifica los cargos por cohecho y peculado, mientras el Gobierno colombiano gestiona el proceso de extradición en Nicaragua
12 de febrero de 2026
Corte Suprema ratificó detención de Andrés Calle por caso de corrupción con la Ungrd
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia ratificaron la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.
Carlos Ramón González reapareció en la audiencia de acusación de la Corte Suprema
Esta resolución confirma la sentencia previa emitida en octubre de 2025 y valida la medida de aseguramiento impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá. El tribunal determinó que no se vulneró la presunción de inocencia del exfuncionario durante el proceso judicial inicial.
La Fiscalía General de la Nación señala a González como presunto responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Según el escrito de acusación, el exdirector habría coordinado el desvío de recursos públicos desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. Las investigaciones son dirigidas por fiscales delegados ante la Corte Suprema especializados en delitos contra la administración pública.
El ente acusador sostiene que González se reunió con Olmedo López en septiembre de 2023 para instruir la entrega de beneficios económicos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. El objetivo de estas acciones habría sido asegurar el avance de las iniciativas legislativas del Gobierno Nacional en el Congreso. La investigación detalla que se habrían gestionado contratos por montos significativos y la entrega de $4.000 millones en efectivo.
Actualmente, el exdirector del Dapre se encuentra en Nicaragua, donde el gobierno de ese país le otorgó asilo político tras una solicitud de residencia. Ante esta situación, el Ejecutivo colombiano ha solicitado formalmente su extradición, argumentando que los cargos corresponden a delitos comunes y no a una persecución política. Los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores mantienen el requerimiento para que el procesado comparezca ante las autoridades judiciales nacionales.
El proceso contra González se suma a las medidas judiciales ya tomadas contra otros implicados, como Iván Name y Andrés Calle, quienes ya fueron capturados por orden de la Corte Suprema.
La justicia busca esclarecer el alcance de los acuerdos realizados entre funcionarios del Ejecutivo y miembros del Legislativo para la aprobación de reformas. El fallo de 23 páginas emitido por la Corte cierra las vías de impugnación inmediata contra la medida de aseguramiento internacional.
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