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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co martes, 19 de febrero de 2013

La demanda penal en contra de uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de las empresas Claro y Telmex en Colombia no tendría ningún futuro.

Expertos penalistas afirman que en Colombia no hay cárcel por no pagar las deudas, en este sentido, la acción penal que instauró el abogado Mauricio Mateus Rodríguez contra Carlos Slim, la junta directiva y el representante legal de Claro por el no pago de alrededor de $200 mil millones a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, no tendría vía penal. Por el contrario, este caso estaría pisando terreno comercial o civil.

Así lo aclaró Francisco Bernate, abogado penalista, quien dijo que “donde hay un evento que claramente no es un delito, esperaríamos que la Fiscalía General de la Nación archive de plano estas diligencias sin darle ningún trámite”.

La acción que instauró Mateus Rodríguez en calidad de ciudadano se da con el fin de que investiguen al empresario mexicano y sus colaboradores por fraude a resolución judicial ya que a pesar de un fallo del Consejo de Estado, Claro no ha desembolsado el dinero que le adeuda a la ETB. Se habla de reintegrar recursos porque la empresa bogotana ya había transferido por concepto de laudos arbitrales una suma cercana a $134.000 millones a Claro, sin embargo, un fallo reversó la decisión y le ordenó devolver el dinero.

No obstante, el problema surge en que a la fecha Claro no le ha pagado a ETB argumentando que el fallo del Consejo de Estado no fue claro en el monto exacto a devolver.

“Comcel constituyó una póliza de garantía de cumplimiento por valor de $179.540 millones, con el fin de garantizar la devolución de los dineros a la ETB una vez la autoridad judicial con título ejecutivo expreso y exigible así lo determine”, argumentó Claro en su comunicado.

En el mismo sentido, el abogado defensor de Carlos Slim, Augusto Ibáñez, aclaró a Blu Radio que la compañía presentó una acción de revisión ante el Consejo de Estado y otra actuación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y que por lo tanto el proceso todavía no se ha cerrado. Al respecto, LR consultó al presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas Rincón quien se abstuvo a pronunciarse sobre el tema.

Por su parte, Mateus Rodríguez, aseguró en la entrevista radial que basó su denuncia de fraude a resolución judicial en el artículo 454 del Código Penal y que no está representando a nadie en particular, “solamente me surgió esta inquietud académica”. Con respecto a la denuncia penal contra Slim, Ibáñez dijo que irán a la Fiscalía a dar las explicaciones correspondientes y llamó la atención sobre los intereses ‘académicos’ que tienen los abogados que interpusieron la demanda contra el empresario mexicano. Asimismo, aseguró que estudiarán la posibilidad de contrademandar con tranquilidad y objetividad.

Por otro lado, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, también desestimó el alcance de una acción penal para una obligación de esta naturaleza e hizo claridad en que el tema importante no es la denuncia sino la obligación que tiene Claro con ETB. “Creo que este es un proceso más del orden privado que tiene que ver más con la omisión de las autoridades que con la responsabilidad de un particular”, explicó.

Así mismo, el profesor de derecho del Politécnico Grancolombiano, Fernando Aza, expresó que definitivamente es errada la apreciación del abogado al instaurar una denuncia penal contra Carlos Slim, “aunque todavía no se ha pagado la suma de dinero, no quiere decir que sea una conducta dolosa o que deliberadamente estén pensando en no cumplir con la orden del juez”. Agregó que lo que tiene que hacer la ETB es ejercer todos los mecanismos que le brinda la ley para lograr que el pago se realice.

En este caso, vale la pena recordar que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en los últimos días ha realizado múltiples señalamientos a través de las redes sociales al presunto incumplimiento de Claro y ha solicitado al Gobierno Nacional que excluya a la multinacional de la licitación para implementar la tecnología 4G en Colombia. “Que el dueño de Claro respete la ley colombiana y andina”, ha dicho Petro.

El origen de la polémica está en el monto que la ETB le debía pagar a Claro por cada minuto de llamada proveniente del exterior. El pleito se remite a 1998, cuando firmaron un contrato de interconexión de sus redes en el que acordaron un monto por cada minuto de llamada. No obstante, en 2001 el negocio cambió y las empresas no lograron llegar a un acuerdo.

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