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Colprensa Sábado, 26 de mayo de 2012

No ha completado dos meses en el cargo y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ya afronta una dura polémica, por las filtraciones de los videos que son considerados las `pruebas reina` en dos de las investigaciones de mayor calado que adelanta ese organismo: el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño y el caso del ex diputado Sigifredo López.

Contaminación de la cadena de custodia y afectación al debido proceso; en el caso de López, y al debido desarrollo de la investigación, en el de Londoño, son algunas de las razones que se escuchan en la orilla jurídica. Entretanto, en el costado de los medios se habla de la prevalencia de la libertad de información, de faltas éticas; no por la divulgación, sino por la presunta compra del material reservado que se dice fue subastado entre distintos noticieros, lo que llevaría a un concurso de delitos, entre ellos el cohecho.

Lo cierto es que una de las banderas que enarbola Montealegre Lynett es la importancia de la libertad de expresión e información, por lo que no parecen viables investigaciones en cuanto a comunicadores o medios, sin que ello signifique que la misma suerte la vayan a tener los funcionarios que podrían haber traicionado el deber de guardar la reserva.

'La Constitución protege el secreto de la fuente del periodista. Prima facie prevalece la libertad de prensa sobre otros valores constitucionales', señaló Montealegre, quien en principio -agrega- no está de acuerdo con investigaciones que restrinjan la libertad de expresión y de información. La complejidad a la hora de definir responsabilidades no es poca, pues tal como lo señala el ex fiscal Mario Iguarán, en este, como en muchos casos, distintas entidades con funciones de policía judicial hicieron parte de procedimientos, con lo cual la responsabilidad no es exclusiva de la Fiscalía, lo que descarga en algo el paso que debe soportar Montealegre.

'No nos podemos precipitar a responsabilizar a la Fiscalía exclusivamente, porque lo que comúnmente pasa es que esta información se comparte', dijo el exfiscal, quien insiste en recordar 'qué otras instituciones tuvieron relación con este proceso'. El exfiscal comparte el respeto por el derecho a informar que pregona Montealegre. En este sentido, Iguarán considera que desde el punto de vista legal y constitucional el derecho a informar y ser informado impide que se cuestione a los medios cuando tienen la noticia. De lo que no tiene duda Iguarán es que la filtración sí puede afectar el correcto desarrollo de los procesos, lo que le lleva a afirmar que lo que debe suceder en estos casos es que se investigue la situación, porque el propósito de conocer la verdad muy seguramente podría verse interrumpido.

El penalista Abelardo de la Espriella, dice que es muy grave el perjuicio al debido proceso. 'Si bien no se ha hecho un pronunciamiento de fondo en el caso de Sigifredo, hay una especie de veredicto social y mediático, que puede afectar a la persona que está siendo investigada', dijo De la Espriella.

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