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Colprensa miércoles, 9 de noviembre de 2016

El jefe del ente acusador calificó la situación como “grave”, dado el crecimiento de los cultivos de coca en el país y el aumento del consumo interno de los estupefacientes.

“Se debe combatir desde todas las dependencias del Estado. El narcotráfico sigue siendo la peor de nuestras plagas, este es el inició de todos los males, como las guerrillas y el paramilitarismo, debe haber una política renovada, de no ser así puede terminar por arruinar la paz”, dijo el jefe del ente investigador.

Martínez Neira indicó que los expendedores de estupefacientes, o jíbaros, están impactando directamente a los menores de edad, llegando a entornos como colegios o parques para convertirlos en dependientes, en una práctica conocida como ‘Caballo de Troya’.

“El mercado interno se ha incrementado, y los carteles grandes se fragmentaron y se dedican a la comercialización en todo el país, las bandas evidenciaron la rentabilidad del microtráfico, este es un problema de naturaleza económica”, señaló.

El fiscal dio a conocer que actualmente en el país habría 1.300 bandas dedicadas al microtráfico, las cuales están integradas por 10 a 20 personas. Martínez dijo que en lo corrido de su administración se han hecho efectivas 1013 capturas, afectando 110 organizaciones ilegales.

“El microtráfico será el principal problema, hay que intervenir urgentemente, se deben tomar acciones puntuales, en síntesis, se tienen que dar medidas de atención social y de salud pública, y se debe buscara una política antidroga efectiva”, manifestó, y agregó que se tiene que intervenir las finanzas de estos grupos, con procesos efectivos de extinción de dominio.

Finalmente, el fiscal reprochó que se filtraran las propuestas del Consejo de Política Criminal, en medios de comunicación, es específico, la que tenía que ver con la renuncia de la acción penal en contra de productores y traficantes de drogas, y pequeños cultivadores que no pertenecieran a organizaciones criminales. Propuesta que fue criticada por el fiscal.

"Quienes no pertenezcan a organizaciones criminales o grupos armados al margen de la ley y sean autores de delitos referidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto que requieren de un tratamiento penal diferenciado no serán perseguidos judicialmente, si se acogen a los programas de sustitución de actividades ilícitas propuestos por el Gobierno Nacional. Una ley ordinaria regulará la materia”, decía la propuesta que fue calificada por Martínez como un “despropósito”, dado que para el fiscal era un cheque en blanco para los narcotraficantes.

Según explicó Martínez el presidente Juan Manuel Santos tuvo que intervenir para que no prospere dicha propuesta.

Las declaraciones de Martínez fueron entregadas en un foro organizado por el Departamento Nacional de Planeación, sobre la situación del Narcomenudeo en Colombia.

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