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Teresita Celis - tcelils@larepublica.com.co jueves, 24 de septiembre de 2015

Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos ayer, desde La Habana, luego de que los delegados de Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla, leyeran el comunicado de 11 puntos, en el cual se estableció el acuerdo logrado entre las partes en el punto de la agenda más complejo y polémico: justicia.

Se acordó que el estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Sin embargo, no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que será conformada.

 La Jurisdicción Especial contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. 

Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. 

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de cinco años y un máximo de ocho de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de cinco a ocho años, en condiciones ordinarias. 

Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. 

Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias. 

La dejación de armas deberá empezar a hacerse 60 días después de la firma de los acuerdos es decir el 23 de mayo de 2016. 

El director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (Cipe) de la Universidad Externado de Colombia, Frédéric Massé,  señala que ahora con la carta destapada, en el sentido de que los máximos jefes de las Farc y negociadores en La Habana tendrán penas alternativas.

“El Presidente lo anticipó que no todos quedarán contentos. Personalmente, considero que deben ser condenados. Parte de las dificultades es que los dirigentes de las Farc tienen situaciones personales diferentes. Una justicia restaurativa es aceptable,  el problema es que hay líderes de la guerrilla, presentes o no en La Habana, que sí merecen condenas más fuertes   por los delitos cometidos, porque podrían parecer blandas para la opinión pública”, dijo.    Massé sostiene que algunos se beneficiarían de un acuerdo que para muchos puede ser no tan duro. 

El profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Enrique Serrano, agrega que lo esperado es un auténtico acto de contrición  de las Farc, lo que interpreta como un perdón colectivo por las masacres y daños causados. “Mientras ellos no tengan la actitud de pedir perdón cualquier castigo será visto como un juego o como una mascarada. Se puede resolver el asunto, pero es inevitable pensar que la sacaron barata”.

El problema, dice, el senador Alfredo Rangel, es si el 80% de los colombianos van a quedar descontentos  . “En este caso  el acuerdo será ilegítimo. Las condenas deben ser acordes con la gravedad del delito. Si no son proporcionales, son una burla y descalifica todo el proceso penal”, señaló.

Jurisdicción
La jurisdicción especial  contempla salas y tribunales con magistrados colombianos y un porcentaje pequeño de extranjeros. La idea es que acabe con la impunidad y contribuya a la reparación integral de las víctimas y se garantice la no repetición. “La jurisdicción de paz será observada, corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos en la construcción de consensos que nos obligue al cese al fuego bilateral, a la dejación de armas y a la transformación de las Farc en un partido político legal”, concluyó Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’, en la alocución. 

Las opiniones

Frédéric Massé
Director del cipe de la Universidad Externado de Colombia

“Una justicia restaurativa es aceptable. El problema es que hay líderes de la guerrilla, presentes o no en La Habana, que  merecen condenas más fuertes o duras porque podrían parecer blanda”.

Alfredo Rangel
Senador de la República

“El problema es que si 80% de los colombianos van a quedar descontentos. En este caso  el acuerdo será ilegítimo. Las condenas deben ser acordes con la gravedad de los delitos cometidos”.

Claudia López
Senadora de la República

“Hay más de 28 puntos pendientes en los otros ya negociados. Se tendrán que retomar estos para ir cerrando la negociación y pasar al último que tiene que ver con el desarme y desmovilización”.

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