Foto por: LR
miércoles, 14 de noviembre de 2018
La última decisión judicial fue la reafirmación del fallo sancionatorio que hizo la Secretaría del Interior de Cartagena
El proyecto de Vivienda de Interés Social, Aquarela, que ha enfrentado cuatro procesos jurídicos en su contra, ahora espera que el próximo 30 de noviembre se realice la audiencia del pacto de cumplimiento en razón de la Acción Popular interpuesta por el Ministerio de Cultura.
La entidad gubernamental optó por este mecanismo porque, presuntamente, se estarían vulnerando los derechos colectivos por culpa de la construcción de la torre uno del Proyecto Aquarela. En ese orden, hasta el momento se suspendieron las licencias y la obra por amenazar el Castillo San Felipe. Al respecto, Promotora Calle 47 SAS contestó a la demanda y espera a la audiencia sobre la afectación de los bienes de interés cultural de la ciudad.
El Ministerio había instaurado la Acción Popular no solo contra la promotora, sino también contra el Distrito de Cartagena, la Secretaría de Planeación y la Curaduría Urbana Primera de Cartagena, solicitando además la suspensión de la Circular 10 de 2013, que había liberado varias zonas para la construcción de soluciones habitacionales.
La constructora puso en marcha su proyecto con la obtención de las respectivas licencias de construcción. Luego, “a medida que fue avanzando la construcción de la torre uno, se empezaron a dejar escuchar las voces de aquellos que, tal vez desconociendo que esa área había sido liberada, señalaban el proyecto como una interferencia para el monumento histórico”, indicó Promotora Calle 47.
Un vocero encargado, David Garzón de PGP Abogados, agregó al respecto que “para el pacto de cumplimiento y después de haber demostrado que el Proyecto Aquarela no se desarrolla en el área de influencia del Castillo San Felipe, y por tanto no afecta un bien de interés cultural, Promotora Calle 47 espera le sean respetados los derechos adquiridos con la licencia de construcción y que permita continuar con esta obra que traerá progreso y desarrollo”.
Este proceso jurídico es diferente a la ratificación que hizo la Secretaría del Interior de Cartagena al fallo emitido por la inspectora de policía de la comuna dos, Paola Serna, donde decretaba una medida correctiva para restituir 619,5 metros de espacio público, y el pago de una multa por más de $156 millones. La constructora sostuvo de la decisión que las autoridades omitieron lo solicitado en la audiencia de apelación.
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