• Karen Pinto Duitama kpinto@larepublica.com.co

domingo, 11 de diciembre de 2022

La Ley 2272 de 2022, de Orden Público y Paz determina las facultades del Gobierno Nacional en negociaciones con actores armados

Ya se cumplió un mes de sancionada la Ley de Paz Total, una de los ejes principales del plan de Gobierno de Gustavo Petro, que prorroga la Ley de Orden Público, Ley 418 de 1997, con la cual se permite que el Ejecutivo negocie con grupos armados ilegales con el ELN.

Por esto vale recordar algunos puntos clave que fueron aprobados en su paso por el Congreso y luego sancionados el 4 de noviembre, entendiendo el proyecto de paz total en tres ejes; proteger la vida, desactivar los factores de violencia a través de procesos de paz y sometimiento a la justicia, y lograr paz social con un modelo de convivencia ciudadana pacífica.

Frente a las negociaciones con estructuras armadas criminales, se le otorgó al gobierno nacional las siguientes facultades:

1.Realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de derecho.

2.Entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones para lograr acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados, los cuales deberán ir dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario; el respeto de los derechos humanos; el cese de hostilidades o su disminución y la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones.

Algunos de los puntos que el Gobierno Nacional buscaba aprobar no pasaron la votación del Congreso, y uno de estos fue la iniciativa de designar como gestores de convivencia a los jóvenes de la Primera Línea que fueron capturados en manifestaciones.

Otro aspecto que tuvo gran atención en las votaciones en Senado y Cámara fue el servicio social para la paz, el cual quedó definido en 11 modalidades:

1. Promoción para la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.
2. Trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
3. Apoyar la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz.
4. Promoción de la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
5. Protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, hábitats marinos y costeros, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país.
6. Promoción de la paz étnico, cultural y territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas, y la cultura campesina.
7. Protección y cuidado de las personas en condición de discapacidad y personas mayores en condición de vulnerabilidad.
8. Trabajo en la reforma rural integral.
9. Ser vigía del patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación.
10. Trabajo con personas damnificadas o afectadas por fenómenos o amenazas naturales.
11. Promoción de la educación y de actividades relacionadas en materia de gestión del riesgo y cambio climático.

En principio, esta modificación estaba acompañada de la propuesta de eliminar el servicio militar obligatorio, pero el artículo finalmente fue eliminado, considerando que la oposición indicó que no se podría retirar mediante una ley ordinaria ya que es una modificación a la constitución.

Pero aún sin aprobarse este punto en la sanción de la ley, el presidente Gustavo Petro, reiteró que centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes del 25 de diciembre. "Este Gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban, manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar Navidad con sus familias”, dijo Petro.

Ante las declaraciones, partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y Partido Conservador, que han permanecido en crítica frente a esta alternativa y la catalogan de impunidad, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que esta semana se reglamentará la Ley 2272 del 2022, de tal forma que establezcan los criterios de selección para los gestores de paz, y aclaró que, los procesos penales que estén en curso con estos manifestantes no se detendrán.