• Laura Vita Mesa lvita@larepublica.com.co

lunes, 7 de septiembre de 2020

En un balance de su gestión como jefe del Ministerio Público, el procurador Carrillo recordó que le quedan más de 100 días en el cargo

A pesar de que ya se nombró a su sucesora como jefe del Ministerio Público, el actual procurador Fernando Carrillo Flórez recalcó que todavía le quedan más de 100 días en el cargo. En entrevista con AL, el jefe del ente de control habló sobre las decisiones más recientes de la entidad que dirige y presentó un balance de su gestión.

Usted envió una carta al presidente con 18 preguntas cuestionando el préstamo a Avianca. El Gobierno ha dado algunas explicaciones, ¿queda satisfecho?
Estoy esperando una respuesta en concreto del presidente o si acaso del ministro de Hacienda. He oído declaraciones en abstracto del presidente de Avianca y del viceministro de Hacienda, pero hasta el momento no he oído respuestas que puedan satisfacer esas 18 preguntas, y los colombianos necesitan claridad y transparencia sobre esta transacción.

Anunciaron una indagación sobre el proceso de extradición de Mancuso. ¿Es en abstracto o contra algún funcionario?
Las relaciones bilaterales en materia de cooperación judicial han sido extraordinarias siempre, y no entendemos cómo se pudieron cometer, presuntamente, algunos errores en el trámite de extradición. Si se cometieron habrá que probarlos, y derivar investigaciones de carácter disciplinario. La indagación va contra funcionarios indeterminados y, una vez esclarecidos los procedimientos, que no están claros, habría que precisar en etapa probatoria si hay lugar a responsabilidades de carácter disciplinario.

¿Tendrían competencia sobre la canciller?
La Procuraduría tiene competencia sobre todos los funcionarios del Estado salvo el presidente. Pero insisto, hay que esclarecer qué pasó y para eso es la indagación.

A raíz de la orden de arresto del expresidente Uribe usted invitó a respetar la autonomía judicial, pero luego pidió el traslado del expediente a la Fiscalía, ¿por qué?
La intervención en los procesos penales judiciales es una función misional de la Procuraduría General de la Nación, y la Sala de Instrucción nos solicitó un concepto que emitimos sin consideraciones extrajurídicas. Lo que es pernicioso es pensar que hay que controvertir las decisiones de la justicia, sobre todo en el caso de los funcionarios públicos, y mucho menos la utilización de cuentas del estado para atacar una decisión judicial.

Esas reacciones, que se dieron, ¿dan cabida a sanciones disciplinarias?
En el caso particular de quienes atacaron las decisiones de la Corte habría lugar a indagaciones, de hecho hay un par de casos que se están examinando a raíz de quejas que se presentaron.

¿En qué quedan las facultades sancionatorias de la Procuraduría después del fallo de la Corte IDH en el caso Petro?
El fallo hay que acatarlo, pero mientras no se reformen las normas, en el plazo que dio la Corte IDH, las competencias se mantienen igual. El criterio que hemos adoptado, también basados en convenciones, es que para actos de corrupción, o por conductas tipificadas como penales, la Procuraduría no pierde competencia disciplinaria que pueda llevar a destitución e inhabilidad de funcionarios elegidos por voto popular.

¿Y si no es ninguno de los casos que menciona?
La sanción que podrá imponer la Procuraduría no será la destitución e inhabilidad, sino otras sanciones, como multas o las otras contempladas en la ley disciplinaria.

¿Cuántos procesos hay contra funcionarios de elección popular?
En el país hay cerca de 20.000 funcionarios elegidos popularmente, y de esos diría que puede haber 15% en procesos disciplinarios.

Usted señaló que hay discrepancia entre las cifras de masacres reportadas por el Gobierno y organizaciones como Indepaz. Al margen de la discusión semántica, ¿a qué atribuye la escalada de esos episodios?
Por cambiarle el nombre a un fenómeno no se modifican los hechos, aquí no caben eufemismos y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Pero al margen de la definición o el número, porque vale tanto una masacre como 100, lo que hay que hacer es evitar que la violencia se vuelva a apoderar de los territorios, y la violencia florece ante la ausencia del Estado. No se trata de llegar con la fuerza publica con vestido de camuflado, sino con el vestido de transformador social, de oferta social, que es lo que marca la presencia definitiva y no temporal.

El Gobierno atribuye esa situación al narcotráfico, y algunos han puesto sobre la mesa la legalización para combatirlo, ¿qué opina?
Es un elemento fundamental, pero no el único. La solución no es combatir a los campesinos, que son el eslabón más débil, sino impedir que se procese la hoja de coca e incautar, y en ese sentido la fumigación sigue siendo una solución limitada. El país tiene incorporar fórmulas nuevas, y la legalización puede ser un elemento, pero lo que se necesita es lograr entre todos un gran consenso sobre este tema que podamos presentar a la comunidad internacional. Aunque insisto, este es un elemento más que no deja a salvo la incompetencia del Estado para llegar con oferta social a los territorios.

Estos temas tienen que ver con el Acuerdo de Paz, ¿cómo ha sido su cumplimiento?
Bastante modesto, por decirlo de la forma más diplomática. Lo que a algunos les produce alergia, porque está consignado en el Acuerdo, es una obligación, no solo porque es una reforma constitucional, sino porque es la fórmula para que el Estado entre con fuerza a los territorios, y lamentablemente eso no está sucediendo. Seguimos tomando decisiones desde Bogotá, y eso es un error metodológico, desde una visión centralizada, jerarquizada y bogotanizada tratando de administrar los territorios, y está claro que no funciona.

¿Esa es la idea de la reforma a la justicia que radicó ante el Congreso?
Sí, es un proyecto de ley de reforma a la justicia que no tiene ambición porque no modifica la Constitución ni leyes estatutarias, sino busca fortalecer las estructuras judiciales a nivel territorial. Con esto, queremos entregar a los gobernadores y alcaldes fortalezas en la administración de justicia, eso no existe en este momento. Colombia tiene más de 150 cabeceras municipales sin jueces, y esa es la principal causa de la impunidad y la anarquía. Con una autoridad judicial que se respete se podrán controlar mejor los territorios que antes ocupaban las Farc y hoy se disputan toda clase de grupos armados.

¿Cuál ha sido su gestión durante la pandemia?
Hemos intervenido en todos los temas donde ha habido poblaciones vulnerables durante la pandemia, han sido cinco meses de trabajo muy intenso y por eso hemos levantado tantas alertas. Por mencionar solo algunas: es inaudito que los pacientes positivos asintomáticos y con síntomas leves no reciban incapacidad durante el periodo de la pandemia, y hemos pedido que así se haga; otra gran injusticia es que, en todo este tiempo, no se ha pagado una sola incapacidad a quienes hacen parte del régimen subsidiado, a los más pobres; con los médicos, las deudas del sistema de salud son monumentales sin que se haya visto gasto público dedicado a financiar el sistema.

Hay dos colectivos que van a marcar la política social en Colombia: las nueve millones de víctimas del conflicto armado, y los más de ocho millones de nuevos pobres por cuenta de la crisis social que se viene, y para eso vamos a necesitar acudir a herramientas que funcionen.

¿A qué tipo de herramientas se refiere?
La renta básica es una herramienta necesaria, la más eficiente para que el Estado llegue con ayudas a la población vulnerable. Necesitamos ponernos de acuerdo en relación con las herramientas de carácter social con las que se va a manejar el país, y ahí estamos fallando, porque lejos de crear los consensos lo que estamos es dinamitando los puentes con quienes piensan diferente, y eso es muestra de una sociedad que va al abismo.

¿Es el piso mínimo de protección social una de esas herramientas?
Estoy convencido de que es una herramienta que está funcionando en el mundo desarrollado, por llamarlo de alguna forma. Buena parte de esto supone una concepción del Estado distinta, un Estado interventor, pero un estado democrático.