• Vanessa Pérez Díaz vperez@larepublica.com.co

martes, 20 de abril de 2021

"Recibimos esta noticia con resignación", dijo Astrida Benita Carrizosa, quien había demandado al Estado por supuesta "expropiación ilegal"

Tras conocerse el fallo del Tribunal de Arbitraje Internacional a favor de Colombia en el caso de Granahorrar, puntualmente, en la demanda contra la Nación que presentó Astrida Benita Carrizosa, quien alegó la "expropiación ilegal de Granahorrar", la demandante emitió su posición frente a la decisión mediante un comunicado.

“Recibimos esta noticia con resignación, tras 20 años de seguir con el propósito, que empezó mi esposo Julio Carrizosa (q.e.p.d.), de buscar justicia frente a la expropiación ilegal del Banco Granahorrar. Confiamos en los tribunales internacionales y hemos seguido los caminos legales con transparencia y persistencia", indicó Astrida Benita Carrizosa, quien en la demanda solicitaba un pago de US$40 millones por indemnización.

El comunicado continúa: "Respetamos la decisión del Tribunal. Nos comprometemos a continuar luchando por mejorar el ambiente de inversión en la región, la estabilidad legal y el respeto por los acuerdos internacionales. Creemos que la protección a inversionistas es la mejor forma de promover el desarrollo económico y social en Colombia y en el resto de América Latina”.

Después de analizar los requisitos que consagra el Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos de América (APC), el Tribunal Arbitral internacional decidió a favor de Colombia y concluyó que no tiene competencia para analizar las reclamaciones. Esta es la razón por la que no solo le dio la razón al Estado colombiano, sino que además se le ordenó a Astrida Carrizosa pagar a Colombia más de US$1 millón ($3.608 millones) por concepto de los costos del arbitraje y gastos de representación legal en los que incurrió el Estado para defenderse en esta controversia.

En el comunicado enviado por Astrida Carrizosa se detalló que el Centro Internacional de Solución de Disputas de Inversión (Ciadi) declaró que su caso contra el Gobierno fue suspendido, tras haber sido negado en primera instancia por parte del tribunal.

"Tras fallos contradictorios proferidos por las Altas Cortes colombianas, ésta demanda ante el Ciadi fue interpuesta por Astrida Benita Carrizosa después de recurrir a todos los recursos legales en Colombia y con la cual buscaba proteger sus derechos bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Adicionalmente, los hermanos Carrizosa presentaron una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (PCA), cuyo fallo preliminar se conocerá en los próximos meses", explicaron.