• Carlos Eduardo González

sábado, 22 de julio de 2017

Luego de los escándalos de corrupción en el sector público, la Fiscalía General presentó un proyecto de Ley que busca endurecer las penas para los corruptos.

A la purga que ha venido haciendo la Fiscalía General de la Nación para combatir la corrupción dentro de su nómina y la de las instituciones del Estado en general, se sumó un proyecto de Ley radicado el 20 de julio que, entre otras cosas, busca que los funcionarios públicos que se favorezcan de actos ilegales paguen más años de cárcel.

Por ejemplo, en el texto que fue radicado por el fiscal Néstor Humberto Martínez, se considera elevar varias penas como es el caso del enriquecimiento ilícito, pues, actualmente, se contempla una pena de seis a diez años, mientras que ahora será de ocho a 15 años, con una multa de hasta 50.000 salarios mínimos; o subir de tres a cinco años de prisión el hecho de revelar información indebidamente que deba mantener en secreto o reserva.

De igual manera, el proyecto contempla la opción de configurar un nuevo delito por cohecho por acto ilegal cumplido, que se refiere al servidor o exservidor que solicite o reciba “para sí o para otro, dinero u otra utilidad por haber retardado u omitido un acto propio de su cargo”, lo que puede ocasionar una pena de cuatro a ocho años, una multa del doble del valor recibido y una inhabilidad de seis a diez años para el ejercicio de derechos y funciones públicas. (Ver gráfico)

Para Ovidio Claros, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, “todo lo que se haga para frenar la corrupción debe ser apoyado”, aunque agregó que, para evitar estas malas prácticas, se pueden crear “manuales de obligaciones en lo público para quienes están en los altos cargos del Estado con responsabilidades concretas y no diluidas a otros; fortalecer el control interno en las entidades, reformar los órganos de control y vigilancia”.

En el mismo sentido opinó Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, quien dijo que se deben despolitizar los entes de control. Además, indicó que “las penas por corrupción deben ser más altas, no excarcelables y, sobre todo debe haber mayor exigencia en los requisitos para acceder a beneficios por colaboración con la justicia”.

De igual forma afirmaron los expertos, es necesario avanzar hacia la bancarización total del sistema de compras públicas, para poder hacer un rastreo de todos los recursos públicos que se mueven.

Vale mencionar que la violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades tiene la pena más alta entre los artículos analizados del proyecto, pues quien incurra en este tipo de actos podría pagar hasta 18 años de cárcel y una inhabilidad por el mismo periodo.

Dentro del proyecto se incluyen otras sanciones que buscan evitar la corrupción en procesos electorales, contratación pública y más requisitos para contadores y revisores fiscales.