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Taty Pineda Acuña - tpineda@larepublica.com.co Sábado, 14 de julio de 2018

El Ministerio De Trabajo expedirá en tres meses nueva norma de procedimiento racial

Cada año los colombianos tienen mayores dificultades para conseguir empleo estable y bien remunerado, de hecho es uno de los mayores problemas que tiene Colombia en su economía y el reto del próximo Gobierno es disminuir los índices de informalidad del sector.

En mayo de 2018 la tasa de desempleo fue 9,7%, para el mismo periodo en 2017 se ubicaba en 9,4%, es decir aumentó tres puntos básicos, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Al problema de la informalidad se suman, además, aspectos como la discriminación racial laboral, donde ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena ocupan los primeros puestos de afectación para la población afrocolombiana, según el Movimiento Nacional Cimarrón.

Una investigación realizada por el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, señala que ubicarse laboralmente en Bogotá es más complicado para una persona afrocolombiana que para una persona mestiza.

“Ser afrocolombiano reduce en 8% la posibilidad de conseguir un empleo en la ciudad de Bogotá, situación que es más preocupante si tenemos en cuenta los altos índices de desplazamiento hacia la capital y sus alrededores por parte de las comunidades afrocolombianas” señaló el estudio de la Universidad de los Andes.

Bajo este contexto, es importante que las empresas conozcan las sanciones que les pueden ser impuestas, si se da el caso de no contratar a una persona por su raza o tono de piel como algunos lo llaman.

La discriminación o no contratación de un empleado por ser afrocolombiano, de acuerdo con la ley colombiana, establece multas por más de $3.900 millones o 5.000 smlv para los empleadores que nieguen la vinculación laboral o reduzcan de cargo, salario o posición laboral a esta población en una compañía, además de los maltratos físicos o mentales.

De acuerdo con Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Cimarrón (organización que defiende los Derechos Humanos del pueblo afrocolombiano), el nuevo Gobierno deberá hacer cambios estructurales para combatir este flagelo.

“El Estado debe crear un instituto nacional para la igualdad racial, además, que el Ministerio de Trabajo cuente con un equipo especializado para la defensa del principio de diversidad, y que se implemente en el sistema escolar una asignatura de los estudios afrocolombianos”.

Por su parte el abogado Juan Manuel Guerrero, socio de Guerrero & Asociados explicó que “la protección para evitar la discriminación racial laboral debe materializarse desde la correcta aplicación de la Ley 1010 de 2006, esta norma fija medidas protectoras, correctivas y sancionatorias”.