“Hoy podemos decir que todo está acordado”: Juan Manuel Santos

“Desde el mismo inicio del proceso de paz les dije que el proceso estaba regido por un principio: Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pues bien: el día ha llegado.
Hoy podemos decir –por fin– que TODO ESTÁ ACORDADO”, dijo en su alocución el primer mandatario.

El jefe de Estado explicó en que consiste el acuerdo final y lo dividió en cinco puntos. En cuanto al primero, Santos señaló que es poner fin efectivo a la violencia.

“Esto es, un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, lo que implica que se acaban todos los ataques y amenazas a la población”, dijo el presidente.

Adicionalmente, explicó que las Farc entregarán sus armas a las Naciones Unidas –mediante un cronograma ya anunciado– en un plazo de seis meses.

“Todo esto –como es bien sabido– será verificado y monitoreado por una comisión de las Naciones Unidas. Lo anterior significa que las Farc dejan de existir  y se convertirán en un movimiento político sin armas”, agregó Santos.

En el segundo punto, el presidente de la República indicó que “nuestro deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas. Sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y a que nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que sufrieron”.

En ese sentido, el primer mandatario recordó los avances que se generaron para proteger los derechos a las víctimas. “Creamos una Justicia Especial para la Paz –con un Tribunal conformado por magistrados independientes de las más altas calidades–, que será aplicada también, en forma diferenciada, a los miembros de nuestra fuerza pública y a civiles que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto”.

Esta justicia transicional, según el presidente, garantiza que no habrá impunidad  para los responsables de los delitos más graves.

“Ellos serán investigados, juzgados y sancionados con varios años de restricción efectiva de su libertad. Además, tendrán que decir la verdad –¡toda la verdad!– y contribuir a reparar a las víctimas”, indicó.
Santos Calderón recordó que los miembros de las Farc que no se acojan a la justicia y digan toda la verdad irán a la cárcel hasta por 20 años.

El tercer punto va encaminado a la inversión que se realizará en Colombia en las zonas rurales, principales territorios afectados por los 52 años de conflicto armado.

“Por eso acordamos un plan de inversión para el campo y para los campesinos de Colombia, que nos ayude a superar la pobreza, la desigualdad y la violencia que tanto los han afectado. Los desplazados podrán por fin volver a sus hogares con tranquilidad”, señaló.

En los acuerdos se contemplan programas de desarrollo para las zonas más golpeadas por el conflicto. Así mismo, un plan masivo de formalización de la tierra, y se creará un Fondo de Tierras para distribuirlas de forma justa a quienes la guerra les quitó todo.

El presidente de la República aclaró que en este proceso no se afectará la propiedad privada ni los derechos de los propietarios y poseedores de buena fe.

El cuarto punto que explicó el presidente Santos habla sobre la garantía para que los alzados en armas se reincorporen a la vida civil y legal del país.

“Los antiguos miembros de las Farc –ya sin armas– podrán acceder a la vida política del país, en democracia. Deberán, como cualquier otra organización partidista, convencer con propuestas y argumentos a los ciudadanos para ser elegidos”, anotó.

Santos explicó que las Farc tendrán unos voceros en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir exclusivamente la implementación de los acuerdos hasta el 2018.

“A partir de ese momento participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por dos periodos, si no logran el umbral”, dijo.

El quinto punto del Acuerdo tiene que ver con la lucha que Colombia contra el narcotráfico.

“Aquí hay algo muy importante: las FARC se comprometen a romper cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico y a colaborar –con acciones concretas– en la solución de este problema”, manifestó el presidente.

Se pondrá en marcha un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos que, según Santos, se construirá con las comunidades y se fortalecerán la lucha contra las finanzas ilícitas.
Además, se llevarán a cabo programas conjuntos de desminado y limpieza del territorio.