Álvaro Ashton Colprensa

Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Luz Karime Grajales Cardona - lgrajales@larepublica.com.co jueves, 18 de julio de 2019

Este caso tendría relación directa con el caso de 'parapolítica' admitido el año pasado por la jurisdicción

El exsenador liberal Álvaro Ashton será admitido en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo anunció el organismo, luego de aceptar la petición presentada por Ashton.

El escándalo del 'cartel de la Toga' salpicó en el 2017 a Ashton y a un grupo de altos funcionarios, entre magistrados de ese entonces y exmagistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Desde octubre de 2017 Ashton se encuentra privado de la libertad; por eso, se comprometió a entregar información que permita ampliar la investigación a otros funcionarios y empleados judiciales como Gustavo Malo, Leonidas Bustos y el exmagistrado Francisco José Ricaurte, quienes habrían entorpecido distintos procesos a través del cobro de millonarias comisiones.

Al parecer, uno de los puntos fundamentales de la “negociación” fue la eliminación de grabaciones realizadas por agentes del CTI y elementos que permitirían  inferir sus nexos con el Bloque Norte de las AUC para consolidar un apoyo a su campaña política.

También existirían detalles de la forma en como se pactó la entrega de entidades públicas a los paramilitares. Por eso, la JEP admitió que este caso tiene relación directa con el de 'parapolítica' puesto que la investigación que se le adelantaba en la Sala de Casación Penal por presuntos vínculos y alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desvió debido al pago de sobornos a los magistrados. Presuntamente, el excongresista habría pagado cerca de $1.200 millones al magistrado Gustavo Malo Fernández para desviar la investigación que adelantaba en su contra.

Igualmente, Álvaro Ashton aún tiene pendiente un proceso en la Corte Suprema de Justicia porque, presuntamente, participó en una red de explotación sexual de menores de edad. Pero este caso no fue admitido por la JEP porque consideraron que no existe relación con el conflicto armado.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.