La Corte Suprema condenó a fiscal que dejó libre a victimario de Jineth Bedoya

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 54 meses (4,5 años) de prisión a la fiscal Bibiana Rosa Orozco Bonilla, tras hallarla culpable del delito de prevaricato por acción agravado al haber ordenado la libertad y el cierre de la investigación a favor del paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco, implicado en el secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima.

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La decisión revocó el fallo absolutorio que había emitido el Tribunal de Bogotá al establecer que la funcionaria actuó de manera dolosa y "manifiestamente contraria a la ley". El alto tribunal determinó que Orozco Bonilla, en su calidad de Fiscal 49 de Derechos Humanos, emitió una resolución el 28 de mayo de 2015 en la que revocó la medida de aseguramiento contra Cárdenas y precluyó el caso, bajo el argumento de que este no se encontraba en el lugar de los hechos.

También argumentaron que la fiscal desconoció deliberadamente la declaración de la víctima, quien reconoció a su agresor por su voz, sonrisa y rasgos físicos, y se valor al señalamiento directo, y aunque en ese momento fue calificado como "contundente y creíble", después se favoreció injustificadamente al procesado.

Fallo sobre Cárdenas Orozco

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En la fecha en la que la funcionaria argumentó la razón para dejar en libertad al paramilitar, nombró testimonios de familiares que aseguraron que estaba en Cúcuta el día del secuestro, pero se desvirtuó esa tesis al exponer graves contradicciones, las cuales la fiscal no tuvo en cuenta.

Los testigos relataron hechos inconsistentes como la asistencia a un bautismo ocurrido un año antes de los hechos, la celebración del Día de la Madre en una fecha distinta, así como certificaciones laborales de años posteriores.

Decisión de la Corte Suprema

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El fallo de condena contra la fiscal se basó en que la Sala concluyó que no se trató de un error por inexperiencia, ya que Orozco Bonilla llevaba varios años en la entidad y fue advertida directamente sobre la ilegalidad de su actuación.

Explican que la investigadora y la procuradora delegada advirtieron que "las pruebas de la defensa eran frágiles y que el testimonio de Jineth Bedoya mantenía plena vigencia", lo cual fue ignorado y se procedió con la preclusión.

De esta forma, además de la pena privativa de la libertad, la Corte impuso una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 90 meses (7,5 años) y una multa de 75 salarios mínimos. La Sala negó la prisión domiciliaria por la gravedad de la conducta y ordenó la captura inmediata de la exfuncionaria al quedar en firme la sentencia.