Las chuzadas afectarían levemente proceso de paz

La información que se conoció sobre unas interceptaciones ilegales que estarían realizando miembros del Ejército a algunos integrantes de la delegación negociadora de paz, fue recibida por analistas como un delicado asunto que devela, entre otras cosas, que al interior del Gobierno hay serias fracturas en las posiciones frente al proceso de paz.

Entre los ‘chuzados’, según señaló Semana.com, estarían el jefe de la delegación, Humberto de la Calle, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el alto consejero para la Reintegración, Alejandro Eder, entre otros.

Analistas consultados coincidieron en calificar el hecho de la mayor gravedad pero advirtieron que, aunque afectará los diálogos de paz, no será suficiente para levantar la Mesa de negociación. Sin embargo, deja al Gobiernos en una posición en la que estaría repitiendo penosos errores del pasado.

De acuerdo con lo que explica el politólogo y profesor de la Universidad Javeriana, Fernando Giraldo, esto obedece a que, por un lado las Farc están acostumbradas a que el Gobierno las ‘chuce’ pues son un grupo ilegal. Pero dado que esta vez las interceptaciones fueron a miembros del Gobierno que adelantan la negociación de paz, el grupo insurgente puede tomar este hecho como un argumento para señalar la falta de garantías y la poco seguridad que proporciona el Estado, incluso entre sus propios colaboradores.

“En el fondo a las Farc poco les importa que chucen a los negociadores. De pronto lo pueden utilizar políticamente para decir que ni siquiera los funcionarios del Gobierno y sus representantes pueden estar tranquilos, entonces, ellos menos”, declaró Giraldo.

Según explica el experto, estos hechos se conocen en un momento en los que la oposición está denunciando amenazas en contra de sus miembros. Cerca de 18 integrantes de la recién resucitada Unión Patriótica han hecho públicas amenazas contra sus vidas y otros militantes de Marcha Patriótica han sido reportados como desaparecidos.

Para el experto, el hecho de que continúen prácticas las amenazas, la persecución, las desapariciones y ahora nuevamente las ‘chuzadas’, da cuenta del hecho de que el país parece no haber superado del todo la década de los 80 en la que los miembros de la UP fueron asesinados sistemáticamente. De ahí que estos hechos dan cuenta de una sociedad que no avanza.

“La sociedad tiene que hacer un alto en el camino. Revisar cómo funciona sus sistema político y social, sus instituciones y adoptar una postura si con sinceridad quiere consolidar una democracia o si mantiene violaciones de vigilancia sobre los ciudadanos, que además es ilegal”, declaró.

La mesa no se levantaría
A pesar de la que las Farc anunciaron que no se pronunciarán sobre el asunto en ‘caliente’ sino que esperarán por un lapso de tiempo, como ya los han hecho en otras oportunidades, para plantear sus posición, éste no es un argumento para levantar La Mesa de Negociación.

El presidente de Indepaz, Camilo González Posso declaró que aunque estas interceptaciones tienen como propósito sabotear la mesa y violar los acuerdos de confidencialidad, pueden afectar el desarrollo de los diálogos, pero no al punto de levantar las negociaciones.

“Esto no va a levantar la mesa. Esto va a motivar un comunicado conjunto pero está claro que es una actividad del Gobierno que va en contra de las directrices del propio Gobierno”, declaró González para quien los diálogos han avanzado a un punto en que las chuzadas a los negociadores del Gobierno, por el contrario va a fortalecer la protección del trabajo de las dos delegaciones.

Urge acción del Gobierno
Dada la gravedad de los hechos, se han empezado a levantar voces que incluso están pidiendo la renuncia del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Sobre el asunto, el politólogo Fernando Giraldo instó sobre la necesidad de un pronunciamiento desde las más altas esferas del Gobierno que permita asumir responsabilidades políticas frente a estos hechos.

“En un país como Francia ya hubiese renunciado el ministro de Defensa porque es el responsable de las Fuerzas de Seguridad. Pero eso no ocurre aquí. Además, me sorprende que el Presidente se haya demorado en pronunciarse dejando claro que es intolerante, que va a perseguir, investigar y castigar. Que pida responsabilidades políticas empezando por el Ministro”, declaró.

Otra opinión tiene el excomisionado de Paz, Camilo Gómez para quien una renuncia del Ministro de Defensa “poco soluciona el tema”. “Hay que llegar a los responsables”, declaró.

Para él, este es un asunto “aterrador” frente al proceso de paz, “pero frente a la negociación en sí, no debería tener un elemento distinto a la de la preocupación de por qué dentro del Gobierno y las Fuerzas Militares hay fracturas en las posiciones”.

Aunque el Presidente Juan Manuel Santos calificó los hechos de “inaceptables” y pidió celeridad en las investigaciones, no hizo ninguna referencia a posibles responsabilidades políticas que podría tener sobre el asunto Juan Carlos Pinzón.

Presunta responsabilidad de Uribe
El artículo periodístico en el que se revelaron estas interceptaciones ilegales a miembros de la delegación negociadora aclara que, si bien no se pudo establecer la identidad de quién recibía la información, se sugiere sobre el acceso a datos privilegiada que tiene el expresidente Álvaro Uribe.

Al respecto, los expertos declararon que, más que calificar al expresidente como un agente del mal que recibió esta información, lo que no puede admitirse es que los ciudadanos tengan acceso a información que es de reserva del Estado o que puede poner en riesgo la seguridad de ciudadanos.

Por el momento, el expresidente se ha defendido de las acusaciones argumentando que son “cortinas de humo” para distraer a la opinión pública y se declaró también víctima de interceptaciones ilegales.