miércoles, 26 de octubre de 2022
El ranking en la primera categoría es liderado por Álvarez Liévano Lasera, Godoy Córdoba, López & Asociados y Baker McKenzie
Estas son las mejores firmas nacionales en el área de Litigios, según ranking de Legal500
El tema laboral en Colombia no deja de ser tendencia. Las discusiones del salario mínimo y una reforma en este campo que se asoma para 2023 trazan la línea de partida de varios cambios que se van a presentar para trabajadores y empleadores. Un total de 31 despachos, destacados en esta materia por Legal500, se preparan para las nuevas transformaciones.
En la primera categoría de la publicación internacional figuraron un total de cuatro firmas nacionales: Álvarez Liévano Laserna, Baker McKenzie, Godoy Córdoba y López & Asociados.
LOS CONTRASTES
Juan Pablo LópezSocio director de López & Asociados
“Incrementar el salario mínimo en un porcentaje por encima de la inflación permite que se incrementen los límites u obstáculos para que se presenten procesos de formalización laboral”.
Juanita GonzálezAbogada en Álvarez Liévano Laserna
“Las subcomisiones de la reforma laboral y la mesa de concertación del salario mínimo tienen el reto y la responsabilidad de armonizar las propuestas con la realidad económica del país”.
Aunque son varios puntos que ha definido el Ministerio del Trabajo respecto a la reforma laboral, tanto el presidente Gustavo Petro como la titular de esa cartera, Gloria Inés Ramírez, han señalado los aspectos clave que se buscan cambiar con un nuevo articulado, lo cual, para Juanita González, abogada en Álvarez Liévano Laserna, es un panorama de expectativa, que se transforma en incertidumbre.
“Las subcomisiones de reforma laboral y la mesa de concertación del salario mínimo tienen el reto y la responsabilidad de armonizar las propuestas con la realidad económica del país, teniendo en cuenta cómo y qué producimos, y cuál es el modelo que se quiere impulsar. No se trata de ver al empresario como el enemigo empleador, sino como el que hace posible generar empleo, dinamizar la economía y pagar impuesto”, sostuvo.
Para Juan Pablo López, socio director de López & Asociados, en cambio, la reforma laboral debe tener en cuenta dos temas a la hora de ser presentada. El primero, explicó, es la modificación de los temas económicos, propiamente del contrato de trabajo y, por otra parte, el tema sindical.
“En cuanto al componente económico hay una preocupación enorme desde la perspectiva del mercado laboral y el sector empresarial porque un crecimiento en el costo laboral para las compañías no solamente podría afectar a futuro la viabilidad de pequeñas y medianas empresas, sino que, adicionalmente, al subir el costo laboral se podría generar un efecto en contra del propio mercado laboral, pues no se podrían generar procesos de formalización, que es uno de los puntos que ha venido planteando el gobierno como un aspecto relevante”, dijo.
La definición del salario mínimo, añadió, también jugará un papel determinante en el marco de las discusiones laborales ya que, al incrementarlo en un porcentaje por encima de la inflación, puede “generar naturalmente que se incrementen los límites u obstáculos para que puedan presentarse procesos de formalización laboral en el país”. “Ante este escenario se podrían profundizar los modelos de estructura de informalidad en Colombia, es decir, de contratos no laborales” enfatizó López.
Respecto al segundo punto, el sindical, el abogado explicó que la propuestas de ampliar el tamaño y la importancia de los sindicatos, desde la perspectiva de los derechos colectivos tiene tintes positivos; sin embargo, se debe tener “cuidado con varios factores”.
El primero, señaló, es el respeto a las personas que decidan no afiliarse a las organizaciones sindicales. Y, otro de los puntos es que ante cualquier tipo de cambio en el modelo de negociación, se contribuya a dar seguridad jurídica tanto al sindicato como a la empresa.
Continuando con el escalafón, la publicación destacó cuatro bufetes en la segunda franja: Brigard Urrutia, Chapman & Asociados, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) y Posse Herrera Ruiz.
A renglón seguido, en la tercera franja del escalafón, se destacaron 10 firmas nacionales, ampliando el portafolio de oficinas para esta edición.
CMS Rodríguez Azuero, Cortés Romero & Asociados, Cuberos Cortés Gutiérrez, Dentons Cardenas & Cardenas, Garrigues, Gómez-Pinzón, Guerrero & Asociados Asesores Laborales, Holland & Knight, Lloreda Camacho & Co y Tannus & Asociados se ubicaron en esta categoría.
“Se van a presentar muchas transformaciones en materia laboral y de percepción de lo que es el derecho del trabajo y la relación entre empresa y trabajador. Debemos entender y asimilar lo que viene para las empresas y adaptarse a esa nueva realidad para seguir cumpliendo con la legislación laboral que no es más que garantizar equilibrio económico en el marco de la justicia social. El gran reto es la adaptación a los cambios en la sociología jurídica laboral con nuevos paradigmas en la relaciones de trabajo”, anotó Camilo Cuervo, socio de Cuberos Cortés Gutiérrez.
En la quinta categoría, Legal500 resaltó la gestión de siete despachos en total: Acevedo Abogados Consultores, Cardozo Ordóñez, Contexto Legal, Dg&a-Abogados, DLA Piper Martinez Beltrán, Muñoz Tamayo & Asociados y Parra Rodríguez Abogados.
Finalmente, en la sexta y última categoría del ranking para 2023, Correa Merino Agudelo Abogados y Gamboa García Cardona Abogados, resaltaron como las firmas en auge en laboral.
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