Mañana será la audiencia de conciliación contra exministro Jaramillo por caso Kevin Acosta

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Este miércoles se realizará la audiencia de conciliación contra el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo dentro del proceso que investiga la divulgación de la historia clínica de Kevin Arley Acosta, un menor de siete años que padecía hemofilia severa y falleció el pasado 13 de febrero. La información médica del niño contaría con protección legal por tratarse de un menor de edad.

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El menor sufrió una caída en bicicleta cinco días antes de su muerte, lo que le provocó hemorragias por la nariz y uno de sus oídos. Aunque inicialmente el expresidente Gustavo Petro y Jaramillo atribuyeron el fallecimiento a la responsabilidad de la familia, posteriormente se estableció que el menor requería tratamiento permanente para controlar su enfermedad y que llevaba cerca de dos meses sin recibir el medicamento que necesitaba.

El menor fue trasladado inicialmente a un hospital de su municipio y posteriormente a uno de Pitalito, Huila, donde los médicos informaron a la familia sobre la necesidad de practicarle una cirugía. La madre se negó ante el riesgo de una hemorragia masiva, debido a que el menor no contaba con el medicamento necesario para el procedimiento.

Finalmente, fue trasladado a Bogotá en grave estado de salud y falleció en el Hospital La Misericordia. El caso abrió dos líneas de investigación: una relacionada con la divulgación de su historia clínica y otra encaminada a establecer quiénes fueron responsables de la falta de tratamiento.

En esta segunda investigación aparecen Luis Óscar Galves Mateus, interventor de la Nueva EPS, señalado por la Fiscalía como una persona con posición de garante que debía asegurar la calidad y oportunidad de los servicios; el hematólogo Nelson Ramírez Plazas, quien presuntamente atendió al menor en enero y habría ordenado exámenes sin programar el medicamento para febrero; Jessika Paola Triana Sagastuy, directora de la cohorte de Alto Costo, encargada de garantizar la continuidad del tratamiento; y Diana Marcela Caballero Arias, gerente de Atención Complementaria, quien presuntamente no verificó la cobertura necesaria para el tratamiento.

Dentro del expediente de la Fiscalía también reposa un informe de la Procuraduría que concluyó que la falta de suministro de Emicizumab puso al menor en una “situación clínica crítica”. Según el Ministerio Público, Medicarte, IPS encargada de su atención, suspendió la entrega del medicamento a los usuarios debido a la falta de pagos de la Nueva EPS, mientras que la IPS Integral, que debía recibir a los pacientes trasladados, tampoco pudo asumir la atención porque no había recibido los recursos correspondientes. El informe concluyó que el fallecimiento del menor ocurrió por negligencia de la Nueva EPS.