Miembros de junta de Ecopetrol citados a versión libre por contrato por US$5,8 millones

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Dos miembros de la junta directiva de Ecopetrol fueron vinculados por la Procuraduría General en una investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un millonario contrato con la firma Covington & Burling LLC., quienes deberán explicar la existencia de un otrosí en el documento que generó un cambio de US$875.000 a US$5,8 millones.

El Ministerio Público busca establecer por qué se amplió el contrato en objetivo y dinero, si inicialmente el ente de control únicamente había solicitado evaluar algunos procesos y posibles conflictos de intereses, en relación con la compra del apartamento 901 por parte de Ricardo Roa.

Si bien, al principio solo se le atribuyó la responsabilidad sobre el oficial de cumplimiento Alberto Vega Monterrosa, su testimonio ante el organismo de control bastó para vincular, el pasado 9 de septiembre, en la investigación a Guillermo García Realpe y a Álvaro Torres. Incluso, lo dicho por Vega fue tan importante que, pese a que García y Torres habían sido programados para declarar, esta diligencia se aplazó para implicarlos inmediatamente en el proceso.

Según reveló El Tiempo, en su testimonio, Vega habría afirmado que los dos miembros de la junta hacían parte de la Comisión Especial que creó la junta para dar directrices sobre dicho contrato. También entregó correos y habló sobre conversaciones en las que se habría acordado montos y tareas para Covington, que incluyeron la compra de Termomorichal, el bloque Sinú-9, e incluso, la campaña del presidente Gustavo Petro, de la que Roa fue gerente.

Dentro de la información entregada por Vega, afirmó que el contrato fue firmado inicialmente por la junta que estaba integrada, entre otras personas, por Mónica de Greiff, Angela María Robledo y Liliana Tatiana Roa. A su vez, señaló que dentro de las obligaciones a las que se sometía el contratista, estaba "seguir las instrucciones de la junta o sus delegados" y, para ello, se conformó un comité especial para que se diera cumplimiento a dichas órdenes, del que hacía parte García y Torres.

"Al parecer tendrían dentro de sus responsabilidades, como miembros de la Comisión Especial, la supervisión de las actividades del estudio y la participación en las discusiones estratégicas para su ejecución. Esto implicaría su participación respecto de las actividades del contrato inicial firmado el 29 de agosto de 2024 y de su otrosí el 31 de diciembre de 2024 incluida su ejecución", señala la Procuraduría sobre García Realpe y Torres", explicó la Procuraduría.

Vergara aseguró que está tranquilo porque siguió las órdenes que le dieron. "Me atengo a lo que dice la junta directiva cuando dice que, a través de los procesos y con pleno cumplimento de las garantías, se dará respuesta detallada a cada una de esas inquietudes. Estoy absolutamente tranquilo”, dijo.

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Otros miembros de la junta consultados sobre el cambio de monto en el contrato, aseguraron que ellos se enteraron del hecho apenas en enero, cuando les pareció extraño que los computadores y celulares de Roa y otros empleados fueran retenidos.