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José David Castilla sábado, 20 de octubre de 2018

Procuraduría pidió que el Tribunal aclare el fundamento Legal que le sirvió de base para su pronunciamiento

El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que permite la urbanización de la reserva Van der Hammen sigue dando de qué hablar. Esta vez, la Procuraduría General le solicitó al Tribunal que aclarara cuál fue el régimen jurídico que fundamentó la determinación de adoptar medidas cautelares sobre la reserva Van Der Hammen, con las que se permitiría su urbanización.

El Ministerio Público pidió aclarar en qué consiste la urgencia de las medidas cautelares decretadas, debido a que la decisión solo se fundamentó en los principios necesidad y conveniencia. Pidió aclarar si el fallo aplicó el Decreto 270 de 2017, que solo da competencia a las autoridades nacionales.

“En cumplimiento de esta norma, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) fijó un término de 10 días para publicar sus proyectos en la página web, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, permitiendo la participación de los grupos interesados y demás ciudadanos, en la elaboración de las normas de carácter regulatorio que los pueda afectar directa o indirectamente”, dijo el Ministerio Público

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