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El Colombiano Lunes, 15 de septiembre de 2014

Por ahora Reyes dice que para mejorar la justicia, más que una gran reforma, hay que invertir en los mecanismos de interacción, que la justicia sea como la tutela: fácil, cercana, eficaz.

Dice que no es necesaria una reforma a la justicia…
En los últimos años lo que se le ha vendido al país, más mediáticamente que otra cosa, es la idea de que los problemas de la administración de justicia se solucionan a través de un gran proyecto de ley; creo que si el Ministerio se embarcara en un megaproyecto de ley con la pretensión de solucionar los problemas de la administración de justicia, el país terminaría muy frustrado cuando se dé cuenta de que una ley no resuelve necesariamente esos problemas.

Aquí lo que hace falta es eficiencia en el cumplimiento de las leyes. Sí hace falta una reforma, pero no la concibo como un megaproyecto de ley. Para mí la gran reforma es, dicho en una frase, acercar la justicia al ciudadano. No son indispensables reformas constitucionales, ni siquiera son necesarias siempre reformas legales, es mucho más importante mejorar el aspecto de gestión y a eso es a lo que nos vamos a dedicar, a poner en práctica una serie de proyectos muy puntuales que mejoren esa interacción.

¿Esa “gran reforma” saldría de esta reforma para el equilibrio de poderes?
La gran reforma a la justicia no es un proyecto, la gran reforma son proyectos que ataquen problemas puntuales de la administración de justicia, algunos de ellos se solucionan con pura gestión y otros necesitan pequeñas reformas legales, y eventualmente alguna reforma constitucional.

¿Cuáles serían esos problemas de pura gestión?
Afinar el funcionamiento de las casas de justicia, esa es una forma de acercar la justicia al ciudadano; poner en práctica muchísima más sistematización en los despachos judiciales; esto no necesita plata.

¿Hay que reformar la tutela?
La tutela es un indicador de cómo funciona el resto de la administración de justicia y, en general, la solución de los conflictos sociales, porque allí encuentran que hay facilidad de acceso a la administración de justicia, confiabilidad y agilidad. Esos tres presupuestos de la tutela son los que deberían regir en la justicia. En vez de acabarla se debe replicar como modelo del funcionamiento.

¿En la reforma de Equilibrio de Poderes, cuáles serían los primeros pasos que se darían para mejorar la justicia?
Se quiere garantizar la independencia administrativa de la rama judicial y mejorar los problemas de administración que se han venido presentando con el Consejo Superior de la Judicatura; también está prohibida lo que la prensa llama la puerta giratoria, y se han tocado temas como reintegración de las cortes a través de cooptación. Quizá lo más importante es el rediseño de las formas administrativas.

¿Están dispuestos a pagar el precio político que tiene desaparecer el Consejo Superior de la Judicatura?
Justamente uno de los temas es la transformación de la parte administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, hay claridad de que no funciona de manera óptima y hay que cambiar la forma de administrar la rama judicial.

¿Tiene un precio político?
Seguramente.

¿Cómo sería el funcionamiento de ese organismo que reemplazaría al Consejo?
Hay un gran órgano director que trazaría las políticas macro y los otros dos organismos la llevarían a la práctica, el más bajo sería un director ejecutivo de esos programas generales de administración.

Ha generado polémica los beneficios que recibirían militares presos y guerrilleros en caso del posconflicto, ¿cómo ser equilibrados?
La idea general es la que ha planteado el presidente de la República, que además es el director del proceso de paz, y él ha dicho en términos generales que desde luego, si hay unos beneficios desde el punto de vista jurídico para los alzados en armas, también tiene que haber, guardando las diferencias puntuales, para las Fuerzas Armadas.

Hay que distinguir que la actividad militar es legítima, todo lo que hayan hecho en ese marco es perfectamente admisible, no tienen por qué responder por cumplir por sus acciones legales. Los hechos que no puedan ser cobijados por el ejercicio legítimo de la fuerza son los que necesitan una atención diferencial, pero son casos excepciones, el grueso de las Fuerzas Armadas han combatido dentro de la legalidad y por eso no necesitan un tratamiento diferencial.

¿Y el fuero militar?
En el Ministerio de Defensa se está trabajando en unas normas para regular ese tema. El problema siempre ha estado en el concepto de actos relacionados con el servicio, que es en lo que se está trabajando. Quizá la fórmula que ha funcionado mejor es en la exclusión de actos y delitos concretos que no deberían ir a la justicia penal militar.

¿Qué hará con el hacinamiento en las cárceles?
Algunos dicen que la solución más fácil es hacer más cárceles, pero no es la única ni la mejor de todas. Hace falta infraestructura carcelaria, claro, pero hay tres factores más que intervienen en el hacinamiento de cárceles.

Primero, una sobrepoblación de delitos, el legislativo crea más delitos de los que hacen falta: segundo, hay penas más largas de las necesarias; tercero, el legislativo elimina beneficios penitenciarios respondiendo a coyunturas mediáticas, lo que se denomina el populismo punitivo.

También está el abuso de la detención preventiva, hay once medidas de aseguramiento posibles, pero nosotros solo usamos una: la detención preventiva. Los cupos carcelarios que tiene el país serían suficientes para albergar a los condenados que tenemos, y nos sobran cupos. Además, las personas que están siendo preventivamente detenidas y que después resultan absueltas están demandando al Estado por la detención injusta de la que fueron víctimas y esas demandas representan para el Estado unos $24.000 millones, que es una cifra muy grande, superior a la que necesitaríamos para arreglar toda la infraestructura carcelaria.

Si se racionaliza la detención preventiva, podemos frenar el hacinamiento. En el gobierno de Juan Manuel Santos se han construido 7.200 cupos carcelarios, eso podría reducir en un tercio el hacinamiento, ¿por qué no ocurrió? Porque a las cárceles ingresaron 33.000 personas nuevas, entonces por más que Minjusticia acelere el ritmo de creación de cupos carcelarios, todo lo otro hace que no estemos al día.

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