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Colprensa Martes, 30 de septiembre de 2014

En un caso parecido al del magistrado Francisco Ricaurte, la Corporación rechazó una solicitud de nulidad que había presentado la directora Ejecutiva de la Administración Judicial, Celinea Oróstegui, por improcedente.

Y tal como lo dijo en el caso de Ricaurte, el Alto Tribunal consideró que dicha petición de nulidad fue temeraria y basada “en aseveraciones apartadas de la verdad que pudieron inducir en error para convencer al despacho a decretar una nulidad inexistente”.

En ese sentido, el Consejo de Estado multó a Oróstegui con $3 millones y le compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura para que se investiguen los delitos y faltas disciplinarias en las que habría incurrido.

El caso de la demanda de nulidad radicada en contra del magistrado Pedro Munar sigue su curso en la Sala Plena del Consejo de Estado.