Procuraduría investigará a tres funcionarios de Ecopetrol por contratos con Covington
Los funcionarios son Alberto José Vergara, Luis Felipe Rivera y Ludwig Mejía, quienes presuntamente participaron en el contrato con la firma estadounidense
25 de junio de 2025
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Alberto José Vergara, Luis Felipe Rivera y Ludwig Mejía, tres funcionarios de Ecopetrol, por su presunta participación en las irregularidades en el contrato de US$5 millones que suscribió la petrolera con la firma estadounidense Covington & Burling.
El ente de control señaló que el contrato en cuestión fue firmado el 31 de diciembre de 2024 y su ejecución cubre las vigencias 2024 y 2025. El documento contemplaba servicios para medir el impacto en la imagen corporativa de Ecopetrol ante investigaciones contra su presidente, Ricardo Roa.

"El Despacho abrirá investigación disciplinaria, conforme lo dispuesto en los artículos 211 y 212 del Código General Disciplinario, reformado por la Ley 2094 de 2021", señaló.
Luego de que diversos medios de comunicación revelaron posibles anomalías en el proceso contractual, la Procuraduría no solo inició las investigaciones al respecto, sino que también ordenó acumular otro expediente relacionado, el cual fue desarrollado por la la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación.
Aunque el contrato CW207382 inicialmente fue suscrito por un monto de US$875.000, este fue modificado mediante un otrosí, que amplió el objeto contractual y elevó su valor a más de US$5 millones.

"Este incremento se autorizó para incluir estudios sobre la afectación a la imagen de Ecopetrol en Estados Unidos, debido a procesos judiciales y mediáticos relacionados con Roa", aseguró el órgano de control.
Dentro de la investigación, la Procuraduría también busca examinar si existieron irregularidades en el manejo de información confidencial dentro de la compañía, específicamente por la presunta retención de correos electrónicos y documentos internos de al menos 70 funcionarios de alto nivel.
El ente de control también anotó que la firma Covington & Burling LLP intervino en la recopilación y análisis de estos datos en el marco del contrato suscrito.
Aunque Vergara sostuvo en intervenciones públicas que no se ordenaron interceptaciones ilegales por parte de la compañía y que lo ocurrido corresponde a procesos de revisión documental bajo el amparo del privilegio abogado-cliente, la Procuraduría resaltó que, con la investigación, se busca determinar si se vulneraron derechos fundamentales o disposiciones internas durante la ejecución del contrato.
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