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Colprensa miércoles, 19 de junio de 2013

Las Farc presentaron públicamente sus diez propuestas mínimas que se discutirán en la mesa de diálogo sobre el segundo punto de la agenda que habla de la participación política y democracia incluyente.

A pesar de que los jefes de esa guerrilla afirman que su intención es cambiar radicalmente el Estado, el listado de propuestas no dista mucho de lo que ya se está debatiendo en el Gobierno.

Sin embargo, la insistencia por parte de la guerrilla en convocar una constituyente para refrendar los acuerdos e implementar las reformas sigue siendo un punto de grandes diferencias entre ambas partes.

Aunque hoy solo se discuten las dos primeras propuestas, las Farc entregaron el listado de las diez, explicando con un poco más de profundidad las dos primeras:

1. Reestructuración democrática del Estado y reforma política: sobre este primer punto hicieron un desarrollo explicando específicamente qué es lo que buscan con la reestructuración del Estado. Para ellos, es necesaria “una reestructuración del Estado, que garantice una organización democrática y participativa” que permita un verdadero ejercicio del poder por parte del pueblo colombiano y que garantice la justicia social.

Entre otras, en este punto la guerrilla habla de buscar un mayor equilibrio entre las ramas del poder público eliminando lo que ellos llaman “el carácter presidencialista del Estado”. También buscan “una reforma de la rama judicial que libere a la justicia de su escandalosa politización, le devuelva su independencia como rama del poder y la convierta en presupuesto indispensable para la paz”.

Esta reforma también busca que, al firmarse el acuerdo de paz, las Fuerzas Militares se transformen en una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional. Con respecto al tema electoral, buscan erradicar lo que denominan “las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política”, con el fin de recuperar la credibilidad y transparencia del sistema político y del sistema electoral.

También se hablará sobre la posibilidad de nombrar por elección popular a los jefes de los organismos de control como el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República y de otras entidades del Estado como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, por lo que los candidatos a estas posiciones tendrían que hacer campaña como cualquier otro político.

2. Garantías plenas para el ejercicio de la oposición y del derecho a ser gobierno: En este sentido, la guerrilla busca no solo que se permita ejercer la oposición, sino que los partidos o movimientos que hagan parte de ella no estén supeditados al logro del umbral electoral.

El estatuto de oposición que proponen las Farc debe garantizar que se proscriban prácticas como la estigmatización, la persecución y las medidas que perjudiquen el financiamiento de la campaña de los movimientos y partidos de oposición, y que garanticen el acceso a los medios de comunicación.

Sobre el pie de fuerza del Estado, las Farc piden que se castigue la implementación de una doctrina y prácticas contrainsurgentes y de “seguridad nacional” en las Fuerzas Militares, así como la promoción por parte de agentes del Estado de grupos paramilitares.

En este subpunto también exigen que “se promulguen medidas de reparación integral al partido y a los militantes de la Unión Patriótica por el genocidio del que fueron objeto”; que se restablezca su personería jurídica y se garantice la no repetición.

Las otras ocho propuestas
3. Garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión y a sus combatientes para el ejercicio de la política en el evento de un acuerdo final.

4. Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación.

5. Estímulo a la participación de las regiones, los entes territoriales y los territorios.

6. Participación social y popular en el proceso de la política pública y de la planeación y, en especial, de la política económica.

7. Garantías de participación política y social de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de otros sectores sociales excluidos.

8. Estímulo a la participación social y popular en los procesos de integración de América.

9. Cultura política para la participación, la paz y la reconciliación nacional y derecho a la protesta y la movilización social y popular.

10. Convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Varios de los anteriores puntos ya hacen parte de reformas planteadas por el Gobierno Nacional, algunas de las cuales se cayeron durante su trámite en el Congreso, como la reforma a la justicia.

Otras están actualmente en construcción, como el estatuto de la oposición. Las garantías de participación política a la guerrilla y a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya están consagradas en la Constitución de 1991 y solo falta definir la forma de su implementación.

El desacuerdo con la Constituyente
El único tema que provoca desacuerdo entre las dos partes de la negociación es la organización de una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de que la guerrilla la nombra como “indispensable”, el Gobierno sigue negándose a acceder a esta posibilidad.

De hecho, ayer el ministro del Interior, Fernando Carrillo, declaró que “la Constitución de 1991 es la más progresista de América Latina”.

“Agregó que al convocar una nueva Constituyente se corre el riesgo de seguir una corriente “contrarrevolucionaria” que retrase todas las conquistas sociales que se han logrado hasta ahora.

También, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe del grupo negociador del Gobierno, Humberto de La Calle han sido enfáticos en rechazar dicha posibilidad. No obstante, algunos analistas aseguran que se puede estudiar la propuesta.

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