Colprensa
jueves, 11 de enero de 2024
En el momento en el que los convictos queden en libertad en la frontera e ingresen a Colombia, la justicia no podría iniciar un proceso
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció medidas para deportar presos extranjeros. El presidente hizo especial énfasis en individuos privados de la libertad de nacionalidad colombiana.
Esto con el fin de construir una estrategia orientada a mitigar la superpoblación penitenciaria ante la crisis de seguridad que enfrenta el país.
El problema con esta decisión es que en el momento en el que los convictos queden en libertad en la frontera e ingresen a Colombia, la justicia no podría iniciar un proceso penal en contra ellos.
El penalista Ricardo Burgos aseguró que “Ecuador los halló culpables y los judicializó. Ecuador nunca lanzó una alerta de extradición de requerimiento en otros países porque los capturó, los investigó y los judicializó”.
Por ende, en Colombia estos presos no tiene deuda con la justicia. “Con la amenaza que hace Ecuador de dejarlos en los límites entre Ecuador y Colombia, la justicia colombiana no los puede judicializar ni inventarse un proceso” dijo Burgos.
Por su lado, el abogado penalista Francisco Bernate agregó en su cuenta de X que “no existe una forma en que los detenidos en Ecuador, queden privados de la libertad en Colombia, en tanto que la repatriación de condenados supone un análisis individual, y el cumplimiento de requisitos. Si se hace una deportación masiva hacia Colombia, quedan libres”.
Cabe resaltar que las autoridades ecuatorianas han señalado que priorizaran la deportación de los presos colombianos. Para el analista internacional John Mario González esto se da porque “entre tantos cientos de miles de desplazados y refugiados colombianos que llegaron a Ecuador, también llegaron miles de delincuentes. Entonces, en Ecuador la opinión pública y las autoridades están desesperados con los delincuentes colombianos en sus cárceles”.
Agregó que los presos podrían terminar su pena si hay un acuerdo de repatriación por medio del cual el Estado colombiano se compromete a que terminen de cumplir sus condenas en territorio colombiano. “De esta manera tendrían que terminar de pagar las condenas”, concluyó.
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