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Alejandro Valencia martes, 18 de septiembre de 2018

La Superindustria también sancionó a los altos directivos de la compañía farmacéutica porque su operación viola la protección de la libre competencia económica

De acuerdo a la rueda de prensa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de Pablo Felipe Robledo Del Castillo, la entidad impuso sanciones a Tecnoquímicas por asumir, mediante una operación fachada, el pago de las multas impuestas a sus altos directivos por su implicación en el “Cartel de los Pañales” en 2016.

La multa es por un valor superior a los $25.000 millones según el comunicado de prensa oficial de las SIC, esto porque, para las multas impuestas en 2016 a los cinco altos directivos de Tecnoquímicas, la compañía farmacéutica asumió el pago de forma inconsistente, así que la entidad sancionatoria castigó el hecho imponiendo una nueva multa a la empresa.

El pago ilegal a través de operaciones fachada se estableció bajo la modalidad denominada como “202- Bonificaciones Ocasionales” que viola las normas de protección de la libre competencia económica que dispone en palabras textuales: “no podrán ser cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella”.

Las cifras exactas de la sanción corresponden para Tecnoquímicas a $25.780 millones. Mientras que para las personas naturales fue de: $312 millones a Ernesto Trujillo Pérez, $ 234 millones a María del Pilar Correa Lenis, $78 millones a Luis Felipe Puerto, $50 millones a Vanessa Hatty Benavides y $312 millones a Diego Humberto Quijano; todos altos ejecutivos de Tecnoquímicas.

Frente a las actuaciones de Tecnoquímicas y los cinco altos ejecutivos, la Superintendencia mencionó que estos frustraron los propósitos de represión y disuasión de las multas administrativas. En ese orden, la SIC toma las medidas necesarias para castigar la actuación, pero también para enviar un mensaje a los empresarios que “contribuya a desincentivar este tipo de conductas, que constituyen una burla al ordenamiento jurídico colombiano”.

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